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En México, los partidos políticos parecen haber encontrado una fórmula perversa para sobrevivir: apostar por candidatos cuestionados, con poder económico o control territorial, aunque ello implique abrir la puerta a personajes investigados por presuntos vínculos con el crimen organizado. No es casualidad ni accidente; es una estrategia electoral que prioriza votos sobre ética, y registro sobre democracia.

En Puebla, donde la disputa por el control institucional suele ser tan intensa como silenciosa, la definición del próximo titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) comenzó a decantarse con claridad. La aspiración de múltiples perfiles se ha ido reduciendo en las últimas semanas, y todo parece indicar que el nombre que concentra consensos técnicos, académicos y políticos es el del Dr. Román Sánchez Zamora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y uno de

La violencia registrada en la marcha del pasado sábado 15 de noviembre y los señalamientos encontrados de los actores políticos sobre la infiltración de grupos de choque, atribuidos a unos y otros, respectivamente, están orillando hacia un fenómeno que México ya ha vivido, ya ha padecido y ya ha llorado: el inicio de una nueva etapa de Guerra Sucia.

Tras años de abandono, finalmente las calles y vialidades secundarias de la ciudad de Puebla comienzan a recibir mantenimiento. No obstante, cualquier avance alcanzado en el primer año de gobierno parece insuficiente frente al grave deterioro que es evidente, desde el centro histórico hasta las colonias periféricas.

El reciente señalamiento del Gobierno del Estado de Puebla contra TV Azteca por emprender una campaña de desprestigio para obtener convenios publicitarios y contratos millonarios revive una discusión incómoda, pero necesaria: el uso del poder mediático como herramienta de presión económica y política.

La tragedia en la Sierra Norte dejó más que daños materiales: puso a prueba no solo la capacidad de respuesta del gobierno estatal, sino también la eficacia del modelo de coordinación federal impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum y, en medio de la emergencia, mostró un espejo político en el que se refleja una administración que apuesta por la empatía como instrumento de gobernabilidad, pero también una ciudadanía que exige que la solidaridad del momento se transforme

Después de más de tres décadas de omisiones y simulaciones, Puebla parece dar un paso adelante en una de sus deudas ambientales más graves: la falta de plantas de tratamiento de aguas residuales. Durante años, los municipios se han visto obligados a realizar descargas directas a ríos y barrancas, contaminando afluentes, degradando áreas naturales y condenando a las comunidades a convivir con la suciedad de lo que no se quiso atender.

En Puebla, la realidad salta a la vista: la estrategia de seguridad del alcalde Pepe Chedraui está fracasando. Los números oficiales son contundentes: los delitos van en aumento, el robo sigue siendo una constante y la tasa delictiva por cada 100 mil habitantes ya rebasa los mil 300 casos. Sin embargo, la policía municipal parece tener otras prioridades.

En medio de los festejos patrios, un mensaje inesperado resonó con fuerza entre las Fuerzas Armadas. El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, llevó a la palestra el tema del huachicol fiscal, un escándalo en el que se vieron involucrados dos sobrinos políticos del almirante Rafael Ojeda, exsecretario de Marina durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

El gobernador Alejandro Armenta anunció la próxima visita de la presidenta Claudia Sheinbaum al estado de Puebla, y que trascendió podría realizarse esta misma semana. Esta vez, como parte de los informes de gobierno que la mandataria emprendió desde el pasado jueves, estado por estado.

Con el cambio en la estrategia de seguridad, de “abrazos, no balazos” y un discurso gubernamental más moderado, la presidenta Claudia Sheinbaum ha marcado una diferencia en su estilo de gobernar, distinto al del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Con ello ha creado un sello propio y logrado un consenso mayoritario entre los mexicanos, quienes la colocan entre el 70 y 78% de aprobación en sus primeros once meses de gobierno.

Una vez iniciado el proceso de renovación en la máxima casa de estudios de Puebla, no hay vuelta atrás. El próximo 10 de septiembre, estudiantes, docentes y trabajadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) deberán elegir quién dirigirá la institución para el periodo 2025–2029. No obstante, todo parece indicar que la ruta apunta hacia la reelección de Lilia Cedillo Ramírez.

En aquel remoto año de 2012, cuando la maestra Laura Artemisa García Chávez aceptaba el cargo de coordinadora Estatal de Vinculación con la Sociedad Civil de la Campaña del PRI que encabezaba Enrique Peña Nieto, jamás imaginó que dos sexenios después habría de ser la presidenta de la Junta Local de Gobierno del Congreso del Estado de Puebla, por un partido distinto que en aquel momento histórico ni siquiera existía.

En tiempos donde las portadas se llenan más con fotografías de políticos en hoteles VIP, viajes de primera clase y hasta presumiendo fuero, en lugar de logros legislativos o de gobierno, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, lanzó desde Puebla un mensaje que busca rescatar los principios que dieron origen al Movimiento de Regeneración Nacional: austeridad, transparencia y cercanía con la gente.

El despilfarro y la aparición de los nuevos ricos escandaliza en México, pero sólo a los opositores, a los que perdieron el poder y a quienes ya no podrán seguir viviendo del presupuesto. Para el resto, a los simples mortales, a los de a pie, la opulencia de los nuevos funcionarios es el reflejo del cambio de poder, de un castigo asestado a los poderosos de siempre y el encumbramiento de una nueva clase política venida de abajo –de muy abajo–, aunque están conscientes que no

El llamado "Cártel Inmobiliario" o “Cártel del Despojo” logró incrustarse en Puebla a través del Poder Judicial y de funcionarios estatales que supieron aprovechar una etapa de profunda inestabilidad política, tras la trágica muerte de la exgobernadora Martha Erika Alonso y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle.

No habían pasado 30 meses desde su discurso contra el expresidente Felipe Calderón Hinojosa y sus presuntos vínculos con el exsecretario de Seguridad Pública preso en Estados Unidos, Genaro García Luna, cuando el escándalo de Hernán Bermúdez Requena le estalló a Adán Augusto en las manos.

Tras más de una década de altibajos políticos, rupturas institucionales y periodos breves de gobierno, Puebla necesitaba algo más que un nuevo gobernador: requería estabilidad, dirección y voluntad de transformación real. Alejandro Armenta ha asumido ese desafío con claridad, y aunque los resultados no deben medirse con triunfalismo, hay señales alentadoras que permiten hablar, al menos, de un nuevo rumbo.

La tensión diplomática entre los gobiernos de México y Estados Unidos alcanzó uno de sus momentos más críticos este fin de semana, luego de la presentación de Ovidio Guzmán López —hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán— ante la corte de Illinois, donde se declaró culpable de narcotráfico, lavado de dinero y otros delitos.

Recuerdo al Alejandro Armenta que en 2015 se lanzó a campaña en busca de la diputación federal. Una campaña hecha a pie en las comunidades de la región de Acatzingo, con recorridos casa por casa y calle por calle, sin dejar un punto sin atender. Recuerdo, también, haberlo escuchado hablar de doña Cholita, el barrio de las 3 horas y su historia entre cultivos y la escuela —ahí estuvimos reporteando—.