Agua de Puebla: la factura política que Puebla sigue pagando

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Hubo un tiempo en que la promesa fue eficiencia, ante la millonaria carga presupuestaria que significaba la operación y el mantenimiento de la red de agua y drenaje en Puebla. Se aseguró que la participación de una empresa privada resolvería el rezago histórico del sistema hidráulico, mejoraría la infraestructura, garantizaría el suministro y modernizaría un servicio que durante décadas había sido incapaz de responder al crecimiento de la zona metropolitana.

Han pasado más de doce años y "resultó más caro el caldo que las albóndigas". La discusión ya no gira en torno a las promesas, sino en la falta de resultados, el desabasto y los trabajos deficientes.

La frase del gobernador Alejandro Armenta —"Agua de Puebla sirve para nada, lo digo y lo sostengo"— no sólo representa el momento de mayor confrontación política entre el gobierno estatal y la concesionaria. También resume el sentimiento que desde hace años expresan miles de usuarios que pagan recibos cada vez más elevados mientras continúan enfrentando cortes constantes, baja presión y el suministro mediante pipas.

Lo verdaderamente relevante no es la declaración. Lo importante es que, por primera vez desde el Poder Ejecutivo, se coloca en el centro del debate una decisión política tomada hace más de una década y cuyos efectos siguen presentes.

La privatización del agua en Puebla no ocurrió de manera improvisada. En diciembre de 2013, el Congreso del Estado aprobó la concesión del servicio durante el gobierno de Rafael Moreno Valle, mientras Eduardo Rivera Pérez encabezaba el Ayuntamiento de Puebla. A partir de entonces, la distribución de agua potable, drenaje y saneamiento quedó bajo control de Concesiones Integrales S.A. de C.V., empresa que opera comercialmente como Agua de Puebla para Todos.

La medida no sólo abarcó la capital poblana, sino buena parte de la zona metropolitana.

Los defensores del proyecto argumentaban que el Estado había demostrado incapacidad financiera para invertir en infraestructura hidráulica y que la iniciativa privada aportaría recursos suficientes para modernizar la red.

Sin embargo, la discusión de fondo nunca fue únicamente financiera.

El agua dejó de verse exclusivamente como un derecho para convertirse también en un negocio cuya rentabilidad dependía del cobro eficiente del servicio.

Doce años después, la percepción ciudadana parece haber dictado su propio veredicto.

No es casualidad que el gobierno estatal haya tenido que desplegar 100 pipas para abastecer colonias sin servicio. Tampoco resulta menor que las críticas oficiales coincidan con reclamos ciudadanos cada vez más frecuentes por socavones que permanecen semanas sin reparación, interrupciones constantes y tarifas que, para muchos usuarios, no corresponden con la calidad del servicio recibido.

Paradójicamente, el Estado termina asumiendo parte de los costos políticos de un servicio cuya operación ya no controla. Ese es quizá el mayor contrasentido del modelo.

Cuando el agua llega, el mérito suele atribuirse a la concesionaria; cuando no llega, los ciudadanos acuden al gobierno en busca de soluciones inmediatas. Al final, quien enfrenta el desgaste político es la autoridad, aunque jurídicamente la responsabilidad cotidiana del servicio recaiga en un operador privado.

El tema adquiere una dimensión todavía mayor cuando el propio gobierno estatal evidencia a la empresa de intervenir calles recién pavimentadas y utilizar lodo y escombro para rellenar zanjas, una práctica que, de comprobarse plenamente, alimenta la percepción de que el conflicto ya no sólo involucra el suministro del agua, sino también la calidad de la infraestructura urbana.

Lo cierto es que la concesión dejó de ser únicamente un contrato administrativo para convertirse en un asunto profundamente político, mientras la realidad la enfrentan diariamente miles de poblanos cuando abren la llave... y descubren que sigue sin salir agua.

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Cuenta de X: @mecinas

Director de Quinceminutos MX