Fotografiar, preguntar y documentar: los riesgos de ejercer el periodismo en Puebla
- Quinceminutos.MX
- hace 5 horas
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Policías municipales, personal de seguridad privada, comerciantes y particulares figuran entre los principales agresores de periodistas en Puebla. Las cifras recientes muestran que la libertad de expresión sigue enfrentando obstáculos, intimidación y censura.
Aquella tarde tenía una cita con un funcionario de un municipio de la Mixteca. Eran todavía los años del morenovallismo y aquella demarcación, gobernada históricamente por una familia del PRI, había cambiado de rumbo político para entregar el triunfo a la coalición panista “Puebla Unida”.
Se vivían tiempos de aparente tranquilidad en el municipio, o al menos esa era la impresión que proyectaba. Recuerdo que llegué tarde. El largo trayecto y las malas condiciones de la carretera me hicieron acumular casi veinte minutos de retraso. Cuando arribé, la presidencia municipal ya había cerrado sus puertas.
Tomé entonces mi cámara fotográfica y comencé a recorrer el centro del municipio. Capturé algunas imágenes de la presidencia, de la iglesia y de las calles que rodeaban la plaza principal. Estaba a punto de ingresar al zócalo cuando dos policías municipales me marcaron el alto. Portaban armas largas sujetas con ambas manos sobre el pecho, me cuestionaron sobre las fotografías, me retuvieron y me condujeron a la comandancia.
Ahí comenzó un interrogatorio. Querían saber quién era, qué hacía en el municipio y por qué tomaba fotografías. Me identifiqué, expliqué a quién buscaba y les comenté que había llegado tarde a la reunión. Sin saber muy bien cómo proceder, me solicitaron una acreditación que se encontraba dentro de mi automóvil, aunque tampoco me permitieron ir por ella para mostrarla.
Tras una llamada telefónica a la persona con la que tenía programado el encuentro, finalmente sin mayores explicaciones, me dejaron en libertad. Eso sí, con la advertencia de que cada que fuera al pueblo en plan de trabajo, avisara para que tuvieran “conocimiento”.
Una experiencia muy similar volvió a ocurrirme en 2025, esta vez en un municipio del llamado Triángulo Rojo. Había llegado para realizar una entrevista y me acompañaba otra persona del medio. Sin embargo, un par de mujeres policías nos impidieron siquiera acercarnos a la puerta del palacio municipal.
Nos informaron que la funcionaria que buscábamos no se encontraba en el lugar, por lo que decidimos retirarnos. Cuando cruzábamos la explanada, ya a unos cincuenta metros de la presidencia, tomé una fotografía del edificio. Aquello bastó para que las agentes corrieran hacia nosotros. Nos retuvieron, nos impidieron seguir tomando imágenes y nos exigieron identificarnos.
Durante varios minutos insistieron en que no teníamos permiso para fotografiar el inmueble. Argumentaron que, debido a los hechos delictivos ocurridos en la región, existía temor entre la población. “No sabemos para qué usen las fotos”, nos dijeron.
Al igual que años atrás, una llamada telefónica a la persona que buscábamos resolvió la situación. Finalmente nos dejaron ir. No hubo advertencias formales ni mayores consecuencias, aunque quedó flotando la misma sensación de siempre: la sospecha permanente y la idea de que, según ellas, “la gente podría molestarse”, aunque sólo se trataba de una cámara apuntando hacia un edificio público.
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Estas experiencias no son hechos aislados.
Durante más de una década, la prensa poblana ha enfrentado distintas formas de agresión. Hubo tiempos de espionaje telefónico, ciberataques, persecución e intimidación durante los gobiernos morenovallistas. Hoy, aunque las formas han cambiado, los riesgos permanecen. Ahora aparecen alimentados por la polarización política, la desconfianza institucional y el miedo ciudadano.
De acuerdo con el informe anual de la Red de Periodistas de Puebla, durante 2025 se documentaron 17 agresiones contra comunicadores —sin contar la que acabo de revelar—, y en apenas los primeros cinco meses de 2026 ya se han contabilizado 13 casos, es decir, el equivalente al 76.4 por ciento del total registrado durante todo el año anterior.
El reporte de la organización revela que los principales agresores son los policías municipales, quienes encabezan la lista con tres casos. Les siguen directivos de empresas, franeleros y ladrones. También aparecen elementos de seguridad privada, comerciantes, un poblador y trabajadores universitarios.
La geografía de las agresiones tampoco es casual. Puebla capital concentra siete casos; Tehuacán suma dos; mientras que Santiago Miahuatlán, Tepatlaxco, Atlixco y San Andrés Cholula registran uno cada uno.
Más preocupante aún es la naturaleza de las agresiones: bloqueos informativos, hostigamiento, jaloneos, golpes, intentos de detención arbitraria, censura, asaltos y adeudos salariales.
A ello se suma otro dato. El informe "Estructuras del silencio: censura, opacidad y vigilancia", elaborado por Artículo 19 para México y Centroamérica, ubica a Puebla como la segunda entidad del país con más agresiones contra periodistas, acumulando 39 casos documentados.
Detrás de cada número hay una historia, hay una cámara impedida de disparar, hay una libreta que no puede llenarse, hay una entrevista cancelada, hay un periodista cuestionado por hacer preguntas o por registrar con una fotografía lo que ocurre en un espacio público.
La libertad de expresión no se limita al derecho de publicar una nota. También implica la posibilidad de buscar información, documentar hechos, cuestionar al poder y registrar la realidad sin ser intimidado.
Hoy, las redes sociales han convertido la inmediatez en una norma. Sin embargo, para el periodismo, la esencia sigue estando lejos de las pantallas. Salir a hacer trabajo de campo continúa siendo, en muchos lugares, un ejercicio cotidiano de riesgo, y la razón es sencilla: en cualquier rincón existe alguien empeñado en ocultar algo. Puede ser un alcalde que busca proteger sus intereses, un comerciante involucrado en prácticas irregulares, un delincuente de poca monta o incluso un funcionario que opera al margen de la ley mientras se refugia bajo el amparo de un cargo público.
La sola presencia de un periodista puede resultar incómoda para quien tiene algo que esconder. Una libreta, una cámara o una simple pregunta representan una amenaza. Porque un reportero cerca siempre implica la posibilidad de que aquello que permanece en las sombras termine, tarde o temprano, expuesto a la luz pública.
Cuenta de X: @mecinas
Director de Quinceminutos MX
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