Rocha Moya, Maru Campos y el Cártel de Sinaloa

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Los escándalos políticos y judiciales que hoy envuelven a los gobernadores de Sinaloa y Chihuahua, Rubén Rocha Moya y María Eugenia Campos, respectivamente, no son el origen de la crisis que enfrenta México. De hecho, están muy lejos de ser el verdadero fondo del problema. Apenas representan la grieta visible de una fractura mucho más profunda del Estado mexicano frente al poder del crimen organizado y la creciente intervención de Estados Unidos en los asuntos de seguridad nacional.

Detrás del choque entre gobiernos, partidos y fiscalías comienza a dibujarse una realidad incómoda: la penetración del narcotráfico alcanzó niveles tan profundos y tan altos que hoy amenaza con provocar un auténtico terremoto institucional. Y el epicentro tiene un mismo hilo conductor: el Cártel de Sinaloa.

La polarización que incendia a la clase política mexicana y lleva a voceros oficiales y opositores a rasgarse las vestiduras dejó de ser únicamente ideológica. El conflicto ya evolucionó hacia algo mucho más delicado: una verdadera crisis de Estado envuelta bajo el discurso de la soberanía nacional.

Lo que durante décadas sobrevivió entre rumores, expedientes clasificados y verdades a medias, finalmente comienza a exhibirse con claridad: el "amasiato" entre estructuras criminales y esferas de poder político. Y aunque muchos podrían decir que “eso ya se sabía”, en realidad sólo existían sospechas dispersas, versiones aisladas y piezas de un rompecabezas que hoy empieza a tomar forma.

En ese contexto apareció Rubén Rocha Moya.

El gobernador con licencia de Sinaloa compareció el martes ante la Fiscalía General de la República (FGR) luego de la acusación abierta en Estados Unidos por presuntos vínculos con “Los Chapitos”, la facción criminal que durante la última década operó con tal nivel de impunidad que logró exhibir al Estado mexicano durante “El Culiacanazo” de octubre de 2019.

Rocha Moya acudió a declarar, salió sin ser detenido y mantuvo intacto el discurso de respaldo absoluto a la Cuarta Transformación. Sin embargo, el daño político ya estaba hecho. Porque más allá de la narrativa oficial, la señal enviada desde Washington resulta contundente: las investigaciones ya no apuntan únicamente a operadores criminales, sino también a estructuras políticas vinculadas al poder regional. Y eso cambia completamente el escenario.

No se trata de una filtración menor ni de un golpeteo electoral doméstico. La acusación surgió desde el Departamento de Justicia de Estados Unidos y aterrizó en cortes federales de Nueva York, donde difícilmente se construyen expedientes sin respaldo financiero, testimonios protegidos y trabajo previo de inteligencia.

El caso de Maru Campos exhibe otra arista igual de delicada.

La gobernadora de Chihuahua no enfrenta acusaciones directas de narcotráfico. Sin embargo, quedó atrapada en el conflicto derivado del operativo realizado en la Sierra Tarahumara, donde murieron dos elementos de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) que operaban sin autorización oficial del gobierno mexicano.

La coincidencia no es menor. Durante esos operativos fueron destruidos dos narcolaboratorios que —según las versiones difundidas— eran utilizados por gente de “El Chapo” Isidro, lugarteniente del Cártel de Sinaloa, y presuntamente construidos en colaboración con “Los Chapitos”.

Y no eran instalaciones menores. De acuerdo con reportes oficiales, el complejo localizado entre los municipios de Morelos y Huachochi tenía capacidad para producir hasta 2.8 toneladas de metanfetamina por ciclo, convirtiéndose en uno de los centros clandestinos más grandes detectados en México.

Pero el verdadero terremoto político no fue el decomiso, fue la presunta participación de agentes de la CIA en territorio mexicano. Ahí comenzó la fractura diplomática.

Desde Morena y distintos sectores del oficialismo, el operativo fue interpretado como una violación directa a la soberanía nacional. La FGR abrió investigaciones, Maru Campos fue citada a comparecer y el PAN cerró filas en su defensa. De pronto, el debate dejó de girar alrededor del narcotráfico para convertirse en una disputa sobre los límites reales de la cooperación entre México y Estados Unidos.

En el fondo, ambos expedientes terminan conectados por el mismo hilo conductor: “Los Chapitos”, la facción criminal que heredó buena parte del imperio construido por Joaquín “El Chapo” Guzmán.

La nueva jugada de Washington parece mucho más agresiva. Mientras Estados Unidos mantiene presos a Joaquín Guzmán Loera e Ismael “El Mayo” Zambada —fundadores del Cártel de Sinaloa— también tiene bajo control a Ovidio y Joaquín Guzmán López, líderes de “Los Chapitos”, quienes ahora colaboran con el Departamento de Justicia estadounidense.

Por eso, las comparecencias de Rocha Moya y Maru Campos, en realidad, no son lo más importante de esta historia. Apenas representan los primeros síntomas de una nueva etapa en la que la línea entre crimen organizado, poder político y seguridad nacional se vuelve cada vez más borrosa.

Porque el verdadero problema ya no es solamente quién gobierna… sino quién tiene realmente el control.

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Cuenta de X: @mecinas

Director de Quinceminutos MX