TV Azteca Puebla: cuando los derechos laborales también son noticia
- Quinceminutos.MX
- hace 4 horas
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Durante años, TV Azteca Puebla construyó una narrativa de vigilancia sobre el poder público, fiscalización gubernamental y denuncia de irregularidades. Sin embargo, hoy es la propia televisora la que enfrenta cuestionamientos derivados de presuntas violaciones a derechos laborales que, según las autoridades federales y estatales, derivaron en multas millonarias y en un procedimiento de cobro que estuvo a punto de convertirse en embargo.
Más allá del choque mediático y político que ha intentado colocarse alrededor del caso, el fondo del asunto parece mucho más delicado: el presunto incumplimiento sistemático de obligaciones laborales de la empresa de Ricardo Salinas Pliego con sus trabajadores.
Los datos revelados por el gobierno estatal no hablan de una diferencia editorial ni de un conflicto por libertad de expresión. Hablan de inspecciones laborales frustradas, de negativa a proporcionar información y de la ausencia de documentos básicos que cualquier centro de trabajo legalmente constituido debe tener disponibles para acreditar el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo.
De acuerdo con lo dado a conocer por José Luis García Parra, coordinador de Gabinete del Gobierno del Estado —quien, valga decir, se ha convertido en el blanco preferido de la televisora— entre la documentación faltante se contabilizan registros relacionados con vacaciones, aguinaldos, descansos obligatorios, reglamentos internos y finiquitos.
La pregunta inevitable es por qué una empresa de comunicación que diariamente exige transparencia a los demás no pudo acreditar plenamente el cumplimiento de obligaciones elementales con su propio personal. Seguramente tampoco podría explicar las largas jornadas laborales, la presión y las grillas entre las que debe laboral el personal de la televisora.
El problema, además, no parece ser reciente.
En el medio periodístico poblano es ampliamente conocido que la situación laboral dentro de TV Azteca Puebla comenzó a transformarse hace aproximadamente una década, cuando concluyó el convenio operativo que durante años sostuvo con AS Media, empresa que fungía como brazo administrativo y operativo local.
A partir de ese momento, el control corporativo y administrativo quedó completamente concentrado bajo la estructura de Grupo Salinas.
Fue precisamente desde entonces cuando comenzaron a multiplicarse los testimonios de trabajadores, ex trabajadores y colaboradores que denunciaban incertidumbre laboral, cambios en esquemas de contratación y una creciente precarización de las condiciones de trabajo.
Muchas de esas historias nunca llegaron a los tribunales. Otras se resolvieron mediante acuerdos privados. Algunas más simplemente quedaron en los pasillos de la televisora y en las conversaciones de quienes conocieron desde dentro el funcionamiento de la empresa.
Por eso resulta relevante que las sanciones hoy reclamadas tengan precisamente origen en inspecciones relacionadas con condiciones laborales.
La discusión pública se ha centrado en si existió o no un intento de embargo. Sin embargo, el verdadero tema debería ser otro: ¿se respetaron durante años los derechos de quienes trabajaron para la televisora?
Porque si las multas federales efectivamente derivan de incumplimientos laborales, entonces el asunto trasciende cualquier disputa política y se convierte en una cuestión de derechos humanos y de legalidad empresarial.
Paradójicamente, una empresa cuyo discurso público suele colocarse del lado de la legalidad ahora debe explicar por qué fue sancionada por autoridades laborales federales.
Y también deberá responder por qué fue necesario que la Secretaría del Trabajo iniciara procedimientos administrativos que terminaron acumulando sanciones por millones de pesos.
La libertad de expresión merece ser defendida siempre, pero la defensa de la libertad de expresión no puede utilizarse como escudo automático frente a procedimientos administrativos que tienen origen en presuntas violaciones a derechos laborales de quienes sí trabajan por una vocación.
Confundir ambos temas sería un error.
Los periodistas, camarógrafos, productores, técnicos, administrativos y trabajadores de cualquier medio de comunicación tienen exactamente los mismos derechos laborales que cualquier otro trabajador mexicano. Ni más, ni menos.
Y si una empresa informativa exige rendición de cuentas a gobiernos, partidos políticos y organismos públicos, también debe estar dispuesta a rendir cuentas sobre el trato que da a quienes hacen posible sus transmisiones todos los días.
Porque la credibilidad no sólo se construye frente a las cámaras, también se construye puertas adentro.
Cuenta de X: @mecinas
Director de Quinceminutos MX
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