El costo del voto: crimen, poder y municipios en crisis


Los municipios de Puebla enfrentan una situación sin precedentes. Antes de que se cumplan los dos primeros años de los actuales gobiernos, nueve ya han tenido que ser sustituidos por Concejos Municipales y sólo uno de estos —el de Acatlán de Osorio— lo hizo por motivos políticos. El resto, por presuntos vínculos con bandas delictivas, denuncias por extorsión y hasta un caso relacionado con un delito sexual.
La crisis termina salpicando a los partidos políticos que los impulsaron y que han quedado evidenciados por otorgar candidaturas incluso por encima del interés de los pueblos.
Todo, con tal de cumplir cuotas y ganar la mayor cantidad de votos. Incluso sin importar los antecedentes de sus candidatos, la conformación de las planillas y, mucho menos, las relaciones que esos candidatos tuvieran que establecer para conseguir los votos prometidos.
Coincidentemente —aunque en política no hay coincidencias—, en el arranque del proceso electoral 2026-2027 quedan a la vista los presuntos vínculos delictivos de algunos alcaldes y, con ellos, los partidos políticos que los impulsaron.
Si este mismo rasero se hubiese aplicado en los últimos tres lustros, muchos de quienes han repetido como presidentes municipales dos, tres y hasta cuatro veces habrían acabado tras las rejas antes de convertirse en los líderes caciquiles de sus regiones.
Todos lo sabían, menos los partidos…
A la fecha, suman siete alcaldes detenidos. Los más recientes: Said Godos, de Tepeyahualco de Hidalgo, llegado por Movimiento Ciudadano (MC), e Isaac Rodríguez, de Esperanza, abanderado por Morena.
Ambos fueron detenidos por presuntos vínculos con la banda de Los Zúñiga, señalada por operar el robo a transportistas en los límites de Puebla y Veracruz.
El tema no es menor. Los propios vecinos de esa región del estado confirman que las bandas están metidas hasta en las comunidades más pequeñas, porque todos resultan beneficiados, de una u otra forma.
Se trata de una estructura criminal que comenzó a gestarse desde la década pasada mediante el robo de mercancía a los trenes, lo que generó un mercado negro que continúa existiendo y que es alimentado por este tipo de grupos delictivos.
Estos alcaldes no son los únicos.
La misma banda de Los Zúñiga sería la que, previo a las elecciones de 2024, comenzó a contactar a candidatos de prácticamente toda la zona limítrofe para financiar campañas, operar el acarreo y hasta la compra de votos, a cambio de que los dejaran “trabajar”.
Al final, todo quedó en rumores, pero dos años después ya cayeron dos de los que gobernaban en esa franja.
Faltan más.
En la misma región, y sin que pudieran llegar a su primer año de gobierno, fueron capturados los hermanos Uruviel, Giovanni y Ramiro González Vieyra, originarios de Tlachichuca y prominentes empresarios locales —venidos de menos a más al amparo del poder—.
Su caso es especial.
A pesar de estar señalados por presuntos hechos delictivos en la región de Serdán desde los años del morenovallismo, siempre se fueron acomodando para que las autoridades en turno los dejaran operar sin consecuencias, hasta que consiguieron gobernar no sólo Tlachichuca de manera dinástica, sino hacerse de Ciudad Serdán y San Nicolás Buenos Aires: municipios que comparten carreteras, caminos, atajos y una orografía especial.
¿Que cómo consiguieron las candidaturas?
Esa es una respuesta que le toca a las autoridades aclarar.
¿Que si lo sabemos?
No, pero lo imaginamos.
Al menos, no lo podemos probar (Parafraseando al gobernador Armenta).
Los tres, emanados de MC en la última elección, le dieron nombre a una región ya conocida como “El Triángulo Naranja”, convertida en una zona de alto riesgo para transportistas.
Vínculos en la Sierra Norte
Los casos de los ahora exalcaldes de Cuautempan y Ahuazotepec, Gerardo Cortés y Alfredo Ramírez, respectivamente, no son menores.
Antes de ser candidatos, ya se conocían en sus municipios sus presuntos vínculos con bandas que operan en la Sierra Norte. Incluso se les llegó a relacionar con delitos que la Fiscalía todavía ni siquiera menciona, pero que serían de índole federal.
Sin embargo, las coaliciones de Morena y del PAN, respectivamente, les dieron las candidaturas.
Los cateos realizados a sus propiedades evidenciaron, en gran medida, su pasado y la forma en que presuntamente estaban operando una vez que tomaron el control de los gobiernos municipales: drogas, armas, vehículos y evidencias de otras operaciones.
A la fecha, “La Yerba” Ramírez sigue prófugo.
Nepotismo al descubierto
Un tema aparte son los Concejos Municipales creados en Acatlán de Osorio y San Juan Tianguismanalco, donde Guadalupe Lucero Bárcenas y Juan Pérez Moral —ambos de la 4T— tuvieron que dejar el cargo.
La primera, por un conflicto interno de gobierno; el segundo, por una denuncia penal de índole sexual.
Sin embargo, ambos casos se han convertido en muestra de frivolidad, abuso de poder y excesos, al grado de quedar evidenciados por nepotismo al tener como suplentes a familiares directos.
Y eso es hablar de lo menos.
Lo que viene
Las elecciones de 2027 deberían ser el parteaguas para la definición de candidaturas. Una muestra, ya no de ética, sino de congruencia de los partidos políticos.
La situación pinta distinta.
Todo indica que veremos en las boletas a las mismas caras de siempre. Algunos, con chalecos de color distinto, pero presentes.
No es un mal augurio.
Sólo una advertencia de lo que ya está por llegar…
Cuenta de X: @mecinas
Director de Quinceminutos MX
















































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