Ayotzinapa: 12 años después, la verdad vuelve a tocar la puerta del poder
- Quinceminutos.MX
- hace 1 día
- 3 min de lectura
Hay historias que no terminan porque el expediente se cierre o porque el poder cambie de manos. Ayotzinapa es una de ellas. Han pasado casi 12 años desde aquella noche del 26 de septiembre de 2014 y los 43 estudiantes de la Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" siguen sin regresar a casa. Cambiaron los gobiernos, cambiaron los fiscales, cambiaron las versiones oficiales y hasta cambió el discurso político, pero una pregunta permanece intacta: ¿quién decidió que la verdad debía permanecer enterrada?
A un mes y días de que se conmemore un año más de la tragedia que nos arrastró al abismo, un nuevo escándalo sacude a México y, sin embargo, sigue siendo el mismo. La investigación oficial vuelve a mirar hacia quienes tenían el poder aquella noche y resulta que siguen siendo los mismos de todos los tiempos: el narco, el gobierno, el narco-gobierno y la misma realidad que pare una y otra vez a un México distinto, pero que sigue siendo el mismo de siempre, como si se tratase de una broma macabra que emula la perversidad de una matrioska rusa.
Ahora la Fiscalía General de la República vuelve a poner el reflector sobre Ángel Heladio Aguirre Rivero, el ex gobernador de Guerrero en ese tiempo, y que fue detenido la madrugada de ayer por su presunta participación en el ocultamiento o destrucción de videograbaciones que podrían aportar información sobre lo ocurrido aquella noche.
Y aquí empieza lo verdaderamente incómodo. Porque Aguirre no era un personaje marginal. Fue gobernador de Guerrero y durante décadas formó parte de la clase política que gobernó ese estado. Primero desde el PRI como gobernador sustituto (1996-1999) y después mediante una alianza del PRD-PT-Convergencia, con la que llegó nuevamente a la gubernatura en 2011, arropado por la Izquierda Progresista de Guerrero —la corriente encabezada a nivel nacional por Andrés Manuel López Obrador—.
El rompecabezas se va armando. Desde las primeras investigaciones apareció una realidad difícil de ignorar: la política local y el crimen organizado convivían demasiado cerca.
El entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, llegaron al poder también bajo las siglas del PRD y tras la desaparición de los 43, fueron señalados por sus presuntos vínculos con Guerreros Unidos. El alcalde fue detenido y acusado de haber ordenado la detención de los muchachos y haberlos entregado al grupo criminal. A la fecha no ha podido ser absuelto ni sentenciado.
La acusación de fondo era todavía más grave: que la policía municipal podía funcionar como brazo operativo de una organización criminal. Incluso por vínculos familiares de la esposa de Abarca con operadores del grupo delictivo.
Dos años después de la tragedia, en 2016, un tribunal federal ordenó un auto de formal prisión contra Abarca por delincuencia organizada, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Pero no por la desaparición de los normalistas.
Ahí está una de las grandes paradojas de Ayotzinapa: hubo autoridades señaladas, hubo policías detenidos, hubo integrantes de grupos criminales procesados, hubo investigaciones y hubo versiones oficiales; pero durante años la cadena completa de responsabilidades nunca terminó de aparecer.
Si ahora esa hipótesis termina siendo acreditada ante un juez, el caso tendría una dimensión todavía más profunda: ya no se trataría únicamente de investigar a quienes ejecutaron las acciones en las calles de Iguala, sino a quienes desde las estructuras del poder intervinieron para impedir que la verdad saliera a la luz. Y esa diferencia lo cambia todo.
Oteando Ayotzinapa a 12 años de distancia, la tragedia dejó una lección brutal: las siglas no garantizan la honestidad de quienes gobiernan bajo ellas.
El poder puede vestirse de PRI, PRD o cualquier otro color. Y cuando el crimen organizado consigue penetrar las instituciones, la ideología termina siendo lo de menos. Por eso sería un error convertir la detención de Aguirre en una revancha partidista.
Ayotzinapa no pertenece al PRI, al PRD, ni a ningún gobierno. Pertenece a las familias que llevan más de dos lustros buscando a sus hijos.
La detención de Aguirre tampoco significa que el caso esté resuelto. Significa, en todo caso, que una de las puertas que durante años permanecieron cerradas acaba de abrirse.
Ahora corresponderá a la justicia determinar qué responsabilidad tuvo el exgobernador, qué evidencias fueron ocultadas, quiénes participaron y, sobre todo, qué ocurrió realmente con los 43.
La pregunta es: ¿existen las condiciones para conocer la verdad?
Cuenta de X: @mecinas
Director de Quinceminutos MX
Comentarios