Usuarios varados y unidades pirata: el costo social del reordenamiento del transporte en Puebla
- Felipe P. Mecinas
- hace 1 hora
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Miles de usuarios del oriente de la ciudad pagan hasta dos veces más de pasaje para llegar a sus trabajos y escuelas
Ciudad de Puebla, Pue. (Quinceminutos.MX). — Desde las primeras horas de este martes 3 de febrero, miles de usuarios del transporte público en las colonias La Guadalupana, Santa Catarina, San Patricio y Barrios de San Juan Tepepa, al oriente de la capital poblana, se vieron obligados a pagar entre 10 y 15 pesos a choferes de transporte pirata para llegar a la Unidad Habitacional La Margarita, punto desde el cual finalmente pudieron abordar unidades concesionadas y llegar a otros puntos de la ciudad, escuelas y centros de trabajo.
La jornada comenzó con largas filas, retrasos y molestia social, luego de que la mayoría de las unidades de la Ruta 44A fueran retiradas de circulación ante el anuncio de operativos de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), que contemplan multas de hasta 28 mil pesos y el retiro de unidades sin documentación en regla.
Decenas de personas permanecieron largos tiempos de espera en la base de la Ruta 44A, la primera en brindar servicio a esta zona hace más de 20 años, cuando el crecimiento inmobiliario avanzó sobre terrenos ejidales y el Periférico Ecológico. Aunque la flotilla llegó a operar hasta 45 unidades, actualmente solo ocho cuentan con documentación vigente, lo que provocó —este día— una reducción drástica del servicio.
Como consecuencia, una población estimada en más de 15 mil habitantes tuvo que recurrir a automóviles particulares improvisados como colectivos y autobuses sin rótulos ni placas, implementados como alimentadoras irregulares que corren entre La Guadalupana y La Margarita, o bien, esperar la llegada de la 44A, con un servicio que apenas alcanza a pasar una vez por hora.
Aunque otras rutas como Zaragoza y Bulevar-CU también brindan servicios en la zona, su derrotero es distinto y el número de unidades resulta insuficiente para atender la alta demanda de usuarios, agravando la problemática en uno de los puntos con mayor crecimiento poblacional de la capital.
En entrevista con Quinceminutos.MX, el jefe de servicio de la Ruta 44A confirmó que solo ocho unidades están operando legalmente, mientras que el resto permanece fuera de circulación.
“Tenemos ocho unidades en servicio que están legalmente, con papeles derechos. Es lo que estamos tratando de incrementar las unidades para el mejor servicio de la Ruta 44A”, explicó, al confirmar que las 37 unidades restantes ya no salieron a las calles debido a que carecen de permisos y no pudieron presentarlas para la revista vehicular.
El transportista anticipó que la situación no mejorará en lo inmediato, debido al temor de que las unidades irregulares sean detenidas en los operativos, retiradas de circulación y sancionadas económicamente. Sin embargo, señaló que esperan un diálogo con el Gobierno del Estado para obtener mayores facilidades de regularización.
“Parece que nos va a dar audiencia el señor gobernador, para dialogar y ver en qué nos puede apoyar, sin salirnos del reglamento”, señaló, aunque hasta la tarde del martes no se confirmó ninguna mesa de negociación.
Por la noche, cuando los trabajadores regresan a casa, el caos volvió a aparecer entre los usuarios. Esta vez, bajo la parada del transporte público en La Margarita, donde los colectivos volvieron a hacer su agosto.
Usuarios, los afectados por falta de unidades
“Es una burla, te cobran 15 pesos y ni te llevan hasta dentro de la unidad”, reclamaban algunos de los usuarios, mientras largas filas se volvían a hacer debajo del puente peatonal de La Margarita en espera de un vehículo legal o no, que los pudiera acercar de regreso a casa.
Aunque los vecinos de La Guadalupana y colonias vecinas coinciden en la necesidad de que haya orden y una mejora en las unidades del transporte público, también cuestionan la falta de estrategia gubernamental para atender a la población que se mueve a diario y que son los más afectados en medio de esta situación. Con la falta de transporte, quienes hasta el lunes gastaban 17 pesos para ir y regresar del centro de la ciudad, desde este 3 de febrero, deben pagar 30 pesos más a los colectivos que los dejan únicamente en La Margarita, lo que eleva el costo total del pasaje hasta 47 pesos por persona.
La situación es más compleja, debido a que las familias están conformadas en promedio por 4 personas, lo que obliga a destinar 188 pesos diarios para salir y regresar a sus hogares. Mientras que el salario actual es de 315.04 pesos por jornada de trabajo.
Sin prórroga ni excepciones
Ante el escenario, el gobernador Alejandro Armenta fue tajante al advertir que no habrá prórrogas ni excepciones para concesionarios y permisionarios que incumplieron con la modernización y regularización del transporte público. Sin embargo, tampoco ofreció alguna respuesta para los usuarios varados en los parabuses.
El mandatario subrayó que el programa no es recaudatorio, prueba de ello —dijo— son las facilidades fiscales, la reducción de trámites y el fondo de financiamiento implementado para la adquisición de nuevas unidades.
“Necesitamos poner orden. Es por la seguridad de tu familia, un vehículo que es irregular y no cuenta con permiso vigente no garantiza seguridad, mientras transporta a tu hijo, hija o a algún familiar”, afirmó.
Alejandro Armenta precisó que el apoyo está dirigido principalmente a transportistas con una o dos unidades, mientras que quienes operan grandes flotillas tienen capacidad para acceder a financiamiento privado.
Padrón se reduce de 35 mil a 24 mil unidades
Por su parte, la secretaria de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús Osorio, informó que tras la depuración del padrón, el registro vigente quedó en 24 mil 730 concesiones, de las cuales 16 mil 514 cumplieron con la revista vehicular y 3 mil 321 participaron en el censo, para un total de 21 mil 786 trámites concluidos conforme a la ley.
La cifra contrasta con las 35 mil unidades que originalmente se estimaban en el estado, evidenciando el alto nivel de irregularidad que prevalecía en el sistema; es decir, al menos 14 mil vehículos operaban de manera irregular o como transporte pirata.
Tanús Osorio detalló que 3 mil 137 vehículos no realizaron la revista vehicular, por lo que son susceptibles de revocación; sin embargo, por instrucción del gobernador Alejandro Armenta, podrán regularizarse mediante el pago de la infracción correspondiente, aclarando que no se trata de una prórroga.
Las sanciones, precisó, van de 165 UMAS (19,356.15 pesos) para quienes acudan voluntariamente, y hasta 245 UMAS (28,740.95 pesos) para quienes sean detectados en operativos, además del retiro inmediato de circulación de unidades sin placas o documentación vigente.
Finalmente, la funcionaria señaló que quedarán excluidos de estas acciones quienes estén en etapa final de cesión de derechos o inscritos en el Programa de Modernización del Transporte Público, que contempla un apoyo del 20 por ciento a fondo perdido.
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