La ASE va tras irregularidades de Lupita Cuautle en las arcas de San Andrés Cholula
- Felipe P. Mecinas
- hace 36 minutos
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La Auditoría del estado abre una investigación por sobrecostos millonarios en obras del gobierno panista
Ciudad de Puebla, Pue. (Quinceminutos.MX). — La Auditoría Superior del Estado (ASE) confirmó la apertura de una investigación por presuntos sobrecostos y posibles irregularidades en contratos de obra pública del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, encabezado por la alcaldesa panista Guadalupe Cuautle Torres, luego de una denuncia ciudadana que apunta a un manejo cuestionable de recursos públicos.
En un comunicado emitido este 3 de febrero, la ASE Puebla dejó claro que, conforme al artículo 1, fracción II de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado, está legalmente obligada a investigar todas las denuncias ciudadanas, sin importar colores partidistas, desmintiendo cualquier intento de victimización política.
El órgano fiscalizador subrayó que la denuncia sobre contratos de obra pública en San Andrés Cholula seguirá su curso legal, bajo procedimientos técnicos estrictos, con respeto al debido proceso, aunque advirtió que no habrá excepciones ni trato preferencial para ningún gobierno municipal.
La investigación ocurre en medio de señalamientos directos del coordinador de Gabinete del Gobierno del Estado, José Luis García Parra, quien reveló que la presidenta municipal pretendía obtener hasta mil millones de pesos para apenas ocho pavimentaciones, una cifra que calificó como desproporcionada, financieramente inviable y representativa de viejas prácticas del PRIAN.
“Pedía Lupita Cuautle mil millones de pesos para ocho pavimentaciones; así es como estaba acostumbrado el PRIAN a gobernar”, sentenció el funcionario en rueda de prensa.
García Parra sostuvo que las irregularidades están siendo investigadas por la ASE, pese a los intentos de la alcaldesa por construir una narrativa de persecución política, con miras al proceso electoral de 2027.
El cordinador de Gabnete fue contundente al señalar que el Gobierno del Estado no tiene la capacidad ni la intención de despilfarrar recursos públicos, y advirtió que solicitudes de este tipo evidencian una falta de responsabilidad financiera y una desconexión con la realidad presupuestal de la entidad.
Uno de los casos que detonó la polémica es una obra vial denunciada por un monto de 82 millones de pesos para apenas dos kilómetros, lo que representa un costo cercano a los 40 millones de pesos por kilómetro, cifra que el funcionario calificó como excesiva, injustificable y fuera de toda proporción técnica.
A estas críticas se sumó la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Puebla, Olga Romero Garci-Crespo, quien exigió explicaciones claras y rendición de cuentas en el municipio gobernado por el Partido Acción Nacional (PAN).
Romero Garci-Crespo advirtió que en Puebla no se deben normalizar obras infladas ni presupuestos que generan sospechas, y recalcó que la ciudadanía tiene derecho a cuestionar el destino de cada peso público.
“Cada peso es del pueblo y debe reflejarse en bienestar, no en obras infladas”, afirmó, al reiterar que la transparencia en el gasto público es un principio irrenunciable.
La dirigente morenista sostuvo que este caso retrata un modelo de gobierno recurrente del PAN: obras caras, cuentas opacas y explicaciones técnicas insuficientes, ahora bajo la lupa de la autoridad fiscalizadora estatal.
