Sólo 17 recomendaciones de 9 mil quejas, emite la CDH Puebla en primer año de Rosa Isela Sánchez Soya
- Felipe P. Mecinas

- hace 3 días
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Actualizado: hace 2 días
Entre críticas y cuestionamientos por omisiones, la titular del organismo presentó su informe ante el Congreso del Estado

Ciudad de Puebla, Pue. (Quinceminutos.MX). –En medio de cuestionamientos por su baja efectividad, señalamientos de opacidad y crecientes exigencias de renuncia, la titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH), Rosa Isela Sánchez Soya, compareció el pasado 29 de enero ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local para presentar su informe del primer año de gestión, una exposición centrada en estadísticas administrativas y marcada por la ausencia de posicionamientos claros sobre casos concretos de violaciones a derechos humanos.
Durante su intervención, Sánchez Soya destacó la recepción de 9 mil 9 solicitudes iniciales, de las cuales 8 mil 563 se formalizaron como quejas. De ese universo, aseguró, 6 mil 691 fueron concluidas, lo que equivale al 78 por ciento, mientras que mil 832 continúan en trámite, un 22 por ciento. También informó la emisión de 18 recomendaciones, 589 medidas cautelares y la prestación de 272 servicios de atención psicológica y médica.
Sin embargo, las cifras no disiparon los cuestionamientos. Legisladores de diversas fuerzas políticas coincidieron en señalar la falta de resultados tangibles, el bajo impacto de las recomendaciones emitidas y la ausencia de una postura firme frente a violaciones graves de derechos humanos en la entidad.
Cuestionan omisiones y silencios
Desde el PRI, la diputada Delfina Pozos Vergara cuestionó la omisión de la CDH para promover una acción de inconstitucionalidad contra la reforma que tipifica el delito de ciberasedio, así como la falta de acciones en materia de justicia con perspectiva intercultural y protección a periodistas. Más adelante, fue más contundente: acusó que el organismo se ha limitado a administrar recursos en lugar de defender a las víctimas. “Estamos ante una gestión de prueba y error; y claro que tendría que salir si no está cumpliendo con su responsabilidad”, sentenció.
Las críticas se sumaron desde Fuerza por México, donde el diputado Elpidio Díaz Escobar reclamó la ausencia de acciones efectivas para atender quejas por presuntas violaciones de derechos humanos, así como la falta de políticas claras para el reconocimiento de personas adultas mayores como sujetos de derecho y la atención a conflictos por la interrupción del servicio de agua.
Por su parte, el diputado Elías Lozada Ortega, de Nueva Alianza, evidenció el rezago en la protección de los derechos colectivos, culturales y lingüísticos de los pueblos indígenas, la escasa participación de la CDH en procesos de consulta y las dificultades para que las recomendaciones emitidas sean cumplidas, además de la débil protección a niñas, niños y adolescentes.
Desde el PAN, la diputada Luana Armida Amador Vallejo cuestionó la inacción del organismo frente a agresiones contra periodistas, posibles tratos inhumanos en centros penitenciarios y la omisión de autoridades investigadoras en casos de violencia contra las mujeres.
En tanto, la diputada del PT, Angélica Patricia Alvarado Juárez, cuestionó cobre los resultados concretos en la protección de los derechos de mujeres, niñas y adolescentes, así como en la prevención de la violencia y la trata de personas.
A nombre del PVEM, la diputada Kathya Sánchez Rodríguez puso sobre la mesa los señalamientos de abusos por parte de agentes ministeriales, la protección de niñas, niños y adolescentes migrantes y la supervisión real de los centros penitenciarios.
Incluso desde Morena, el diputado Roberto Zataráin Leal abordó temas sensibles como los incidentes en el hospital psiquiátrico El Batán, la atención a la discriminación contra personas que viven con VIH y el acompañamiento a familias de personas desaparecidas, rubros en los que la Comisión ha sido señalada por su baja visibilidad.
Limitada capacidad de la CDH: Ibero Puebla
Las críticas a la gestión de Sánchez Soya no se limitan al ámbito legislativo. En diciembre de 2025, el rector de la Universidad Iberoamericana Puebla, Alejandro Guevara, lamentó públicamente la baja efectividad de la CDH Puebla, al señalar que el organismo apenas había emitido siete recomendaciones por cada mil quejas recibidas durante el último año —La cifra cerró en menos de 2 por cada 1,000—. Para el académico, estas cifras evidencian una “falta de voluntad política” y una “limitada capacidad institucional” para cumplir con su mandato constitucional.
Las declaraciones del rector se suman a la polémica que ha acompañado a la actual ombudsperson desde su llegada al cargo, el 6 de noviembre de 2024, marcada por señalamientos de opacidad, baja respuesta ante denuncias ciudadanas y una relación tensa con organizaciones civiles, académicos y activistas defensores de derechos humanos.
A ello se añade un episodio que encendió alertas en el gremio periodístico. Previo a su comparecencia, el pasado 21 de enero, la CDH Puebla organizó una comida con reporteros y medios locales, en el que se prohibió realizar cuestionamientos a la titular del organismo —con el argumento que no era una rueda de prensa—, una decisión que fue interpretada como un intento de blindar la gestión y limitar el escrutinio público.



















































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