La deuda ambiental en Puebla y el saqueo del morenovallismo

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Después de más de tres décadas de omisiones y simulaciones, Puebla parece dar un paso adelante en una de sus deudas ambientales más graves: la falta de plantas de tratamiento de aguas residuales. Durante años, los municipios se han visto obligados a realizar descargas directas a ríos y barrancas, contaminando afluentes, degradando áreas naturales y condenando a las comunidades a convivir con la suciedad de lo que no se quiso atender.

El anuncio del gobernador Alejandro Armenta Mier y del coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, de construir ocho plantas tratadoras y seis colectores con una inversión multianual de 6 mil 500 millones de pesos, suena a la luz al final del túnel. El plan, que impactará a nueve municipios de la zona metropolitana —desde Puebla capital hasta San Pedro y San Andrés Cholula, pasando por Amozoc y Cuautlancingo—, no es menor. En esta área se concentran más de 2.2 millones de habitantes, esto es un tercio de la población total del estado.

Contaminación del Río Atoyac por aguas residuales de textileras.

Hablar de una política hídrica integral es hablar de futuro, de salud pública y de justicia ambiental. Pero en Puebla las grandes promesas suenan a escepticismo y no es fortuito, las promesas del agua no son nuevas. En el sexenio de Rafael Moreno Valle, se invirtieron más de 600 millones de pesos en plantas de tratamiento que terminaron como elefantes blancos: mal diseñadas, mal ejecutadas y, al final, inútiles.

En la década pasada entre los grandes proyectos anunciados se encontraban las plantas de Huauchinango y Juan Galindo. Las obras se concluyeron sin permisos federales y nunca funcionaron, pese a que se gastaron más de 200 millones de pesos. Hasta la fecha, permanecen como un monumento al saqueo disfrazado de modernidad.

Todo parece indicar que ahora sí, el planteamiento está tomado forma, principalmente por tratarse de un proyecto que va de la mano del Plan Hídrico Nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum, y que contempla la cuenca del Río Atoyac.

El reto no se agota en las plantas de tratamiento. El propio gobernador Alejandro Armenta ha reconocido que otro pendiente son los rellenos sanitarios, hoy convertidos en tiraderos clandestinos que contaminan el agua y la tierra. Su propuesta de transformarlos en Centros de Aprovechamiento de Residuos Sólidos es ambiciosa, y de concretarse, colocarían a Puebla en condiciones para dar un salto en materia ambiental sin precedente en México.

La promesa de iniciar licitaciones para las plantas de tratamiento en 2026 —en el segundo año del sexenio— y arrancar obras en marzo, será la primera prueba de fuego. Si en verdad este proyecto logra rescatar ríos, sanear barrancas y garantizar agua limpia a las comunidades, no solo se saldará una deuda histórica: se recuperará la confianza ciudadana en que las políticas ambientales pueden ser más que propaganda.

El agua, al final, es memoria. Puebla sabe bien lo que ocurre cuando se juega con ella: contaminación, saqueo y olvido. Hoy queda la esperanza de que esta vez la historia no se repita.

Cuenta de X: @mecinas

Director de Quinceminutos MX