Investigan más de 300 casos de corrupción en Puebla: ya hay 27 servidores sancionados

La Secretaría Anticorrupción revisó expedientes correspondientes a ejercicios anteriores y de la presente administración

Ciudad de Puebla, Pue. (Quinceminutos.MX).— Por presunta responsabilidad administrativa, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Gobierno del Estado de Puebla inició más de 300 expedientes de investigación y mantiene 173 procedimientos en observación. Esto como parte de una estrategia para prevenir, detectar, investigar e inhibir prácticas contrarias a la legalidad en la administración pública.

Al respecto, el gobernador Alejandro Armenta señaló que el combate a la corrupción combina acciones preventivas con la aplicación firme de la normatividad cuando existen elementos que acreditan responsabilidades administrativas.

"No somos tapadera de nadie. Haber resuelto la deuda (del Museo Barroco) no significa que las investigaciones por daño al patrimonio no continúen. Y yo te pido públicamente secretario (Anticorrupción) que le des especial investigación frente a la Fiscalía", señaló.

Como resultado de estos procesos, se impusieron 27 sanciones a personas servidoras públicas por faltas administrativas no graves, mientras que los asuntos relacionados con faltas graves fueron remitidos a las instancias jurisdiccionales competentes, conforme a la ley.

En materia de investigación administrativa, los expedientes se iniciaron por denuncia ciudadana, de oficio o como resultado de auditorías y revisiones permanentes. En cada caso se ordenaron diligencias para la obtención y análisis de información, revisión documental y toma de declaraciones, con apego a criterios técnicos y jurídicos.

Durante el ejercicio en curso, 77 investigaciones iniciadas en este periodo concluyeron, además del cierre de 306 expedientes correspondientes a ejercicios anteriores, lo que permitió evitar rezagos en la atención de los asuntos.

Entre los casos relevantes se encuentra el expediente relacionado con el Museo Internacional del Barroco, en el cual continúan las diligencias necesarias para determinar las responsabilidades que correspondan conforme al marco legal aplicable.

Para las faltas graves, los procedimientos fueron turnados a la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado de Puebla, instancia encargada de su substanciación y resolución.

Asimismo, cuando la autoridad identificó posibles conductas constitutivas de delito, se dio vista inmediata a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, a fin de que las investigaciones continuaran por la vía penal, sin excepciones ni privilegios.

Aplican política de cero tolerancia

Mediante un comunicado, la administración estatal reiteró que las denuncias ciudadanas sí cuentan, sí se investigan y sí derivan en sanciones cuando la ley así lo determina. El combate institucional a la corrupción —subrayó— permite proteger los recursos públicos, fortalecer la confianza ciudadana y avanzar hacia un buen gobierno, donde la honestidad sea la regla y no la excepción.

Estas acciones, añadió el gobierno estatal, reflejan la convicción institucional de que todas las áreas de la administración pública están sujetas a revisión y de que toda persona debe asumir las consecuencias de sus actos, en congruencia con los principios de transparencia y buen gobierno que, a nivel nacional, encabeza la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Reciben más de 5 mil quejas y denuncias

En el fortalecimiento de la cultura de la denuncia y el vínculo con la ciudadanía, actualmente operan 523 Buzones Digitales de Quejas y Denuncias en dependencias y entidades estatales.

A estos mecanismos se suman la plataforma PROintegridad (prointegridad.puebla.gob.mx), la atención presencial y la línea telefónica 22 23 03 46 00, extensiones 3466, 3493, 3497, 3467 y 3464, con el objetivo de facilitar canales confiables para reportar irregularidades.

En este contexto, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que atendió 5 mil 184 señalamientos ciudadanos por posibles hechos u omisiones atribuibles a personas servidoras públicas. De estos, 810 quejas se remitieron a las autoridades competentes, con 540 asuntos concluidos y 270 en etapa de seguimiento.

Además, se recibieron 214 denuncias formales, de las cuales 168 concluyeron y 46 se turnaron a las autoridades investigadoras correspondientes. Asimismo, mil 398 personas recibieron orientación para acudir a otros entes públicos competentes, y se brindaron 2 mil 006 orientaciones ciudadanas a través de la línea PROintegridad.