En plena crisis política, alcaldesa de Acatlán contrae matrimonio con su ex secretario de Seguridad Pública

Lupita Bárcenas enfrenta un proceso de destitución por señalamientos de irregularidades en el gobierno municipal

Juan Alberto Domínguez se desempeñó como secretario hasta el domingo.

Acatlán de Osorio, Pue. (Quinceminutos.MX). — Mientras el Congreso del Estado analiza el inicio de un procedimiento para su posible destitución, la presidenta municipal de Acatlán de Osorio, Guadalupe Lucero Bárcenas, contrajo matrimonio con el teniente de Marina Juan Alberto Domínguez López,  quien hasta el domingo se desempeñaba como titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Según el documento, la alcaldesa, de 35 años de edad y originaria de Acatlán de Osorio, formalizó su unión con Juan Alberto Domínguez López, marino de 28 años y originario de La Antigua, Veracruz, en el Pueblo Mágico de Atlixco.

El matrimonio fue realizado a sólo dos días de que a través de una mesa de diálogo ante la Secretaría de Gobernación (Segob) del estado de Puebla, los integrantes del Cabildo acordaran la destitución de Domínguez López, por un posible conflicto de interés.

La relación sentimental de la alcaldesa y el secretario de Seguridad fue destapada en abril pasado, cuando el tema llegó incluso a la conferencia mañanera del gobierno del estado, sin mayores repercusiones. Sin embargo, este mes de junio, una serie de conflictos entre regidores y la alcaldesa por la disparidad salarial, volvió a poner en escena al mando de Seguridad municipal, al igual que al secretario general del Ayuntamiento, Álvaro Cruz Martínez. Los concejales votaron por la destitución de ambos y, además, solicitaron la revocación de mandato para la alcaldesa morenista.

Aunque la destitución no fue concretada en ese momento por incumplir los requisitos legales, finalmente en las mesas de negociación la alcaldesa Lupita Bárcenas accedió a la separación del cargo del mando de Seguridad.

Como resultado, diputados locales han comenzado a analizar la viabilidad de iniciar un procedimiento que podría derivar en la revocación del mandato o la desaparición de poderes municipales, dependiendo de las conclusiones jurídicas y políticas que se alcancen en las próximas semanas.