Vinculan a proceso a exsecretario de Seguridad de Aquixtla por tortura y robo agravado

Los hechos que se le atribuyen ocurrieron en marzo de 2021, cuando varias personas fueron interceptadas y agredidas por civiles y policías

Ciudad de Puebla, Pue. (Quinceminutos.MX)– Por su probable responsabilidad en los delitos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como robo agravado, el exsecretario de Seguridad Pública de Aquixtla, Luis Miguel N., fue vinculado a proceso, luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) presentara datos de prueba en su contra.
De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 1 de marzo de 2021, cuando las víctimas circulaban en un taxi sobre la calle Juárez, en el municipio de Aquixtla.
En ese punto fueron interceptadas por varios hombres que viajaban en un vehículo blanco; uno de ellos portaba un arma larga. Posteriormente arribaron unidades de la Policía Estatal, así como el entonces funcionario municipal y otros elementos policiales, quienes presuntamente participaron en las agresiones.
Las víctimas habrían sido sometidas, encapuchadas y despojadas de sus pertenencias. Además, una de ellas fue golpeada en repetidas ocasiones.
La FGE informó que el 31 de octubre de 2026 formuló imputación contra Luis Miguel N., a quien se le impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.
El pasado 4 de noviembre, el Juez de Control de la Región Judicial Norte, con sede en Zacatlán, determinó vincularlo a proceso y mantener la medida cautelar durante el desarrollo del procedimiento.
Investigación continuará hasta enero de 2027
Como parte de la resolución judicial, se concedió un plazo de dos meses para la investigación complementaria, que concluirá el próximo 4 de enero de 2027.
Durante ese periodo, la Fiscalía continuará con las diligencias para fortalecer la investigación y reunir mayores elementos sobre la probable participación del exfuncionario en los hechos denunciados.
Luis Miguel N. enfrentará el proceso privado de la libertad, mientras se determina su situación jurídica. La vinculación a proceso no implica una sentencia condenatoria, por lo que deberá prevalecer la presunción de inocencia.
















































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