PAN exige auditar a Talleres Gráficos de Segob por contratos de 278 mdp a empresas ligadas al caso Taddei

El señalamiento implica a 32 contratos otorgados a Cajas Graf, Formas Finas y Materiales y Corporativo Zeg

Ciudad de México. (Quinceminutos.MX). —Las acusaciones por presuntas irregularidades en las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE) alcanzaron a Talleres Gráficos de México, luego de que se revelara que tres empresas vinculadas al entorno empresarial de los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas recibieron contratos por 278 millones 300 mil 277 pesos de esa entidad pública.
Ante estos señalamientos, la diputada federal del PAN, Paulina Rubio, exigió una auditoría a los procedimientos de contratación realizados entre 2018 y 2021, además de una investigación para identificar si las mismas compañías obtuvieron contratos en otras dependencias de la Administración Pública federal.
La información difundida por medios nacionales, con base en registros de la plataforma Compras MX, documentan 32 contratos asignados a Cajas Graf, S.A. de C.V.; Formas Finas y Materiales, S.A. de C.V., y Corporativo Zeg, S.A. de C.V., empresas que actualmente son investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante posibles irregularidades relacionadas con procedimientos de contratación del INE.
De acuerdo con los datos publicados, Cajas Graf concentró más de 198.4 millones de pesos en 15 contratos; Formas Finas y Materiales recibió alrededor de 66.8 millones, mientras que Corporativo Zeg obtuvo aproximadamente 13 millones de pesos.
La legisladora panista sostienen que estos antecedentes obligan a revisar si existió competencia efectiva en las adjudicaciones y si los procedimientos se realizaron conforme a la ley. Sin embargo, las investigaciones en curso no constituyen por sí mismas una resolución que acredite responsabilidades penales o administrativas de las empresas involucradas.
PAN acusa expansión de la red de proveedores
Rubio afirmó que los señalamientos ya no se limitan al órgano electoral federal, sino que involucran a organismos públicos locales y a una entidad dependiente de la Secretaría de Gobernación.
“Los tentáculos de la corrupción de Guadalupe Taddei y Morena no solo alcanzaron al INE, sino también llegaron a los Organismos Públicos Locales Electorales, a Gobernación vía Talleres Gráficos de México”, declaró la legisladora, quien calificó como graves las presuntas irregularidades.
Desde la bancada del PAN, agregó, se busca que las autoridades revisen los contratos de las tres empresas y determinen en qué otras instituciones públicas pudieron participar como proveedoras.
“Estamos exigiendo una investigación exhaustiva para saber hasta dónde alcanzó la corrupción”, sostuvo Rubio, al plantear que la revisión incluya contrataciones federales y, de ser necesario, las realizadas por gobiernos estatales y municipales.
También solicitaron a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno investigar de oficio los procedimientos de adquisición de las dependencias federales para detectar posibles contratos con Cajas Graf, Formas Finas y Materiales y Corporativo Zeg.
América Rangel vincula el caso con la salida de Taddei
Por su parte, la diputada local del PAN, América Rangel Lorenzana, sostuvo que la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE no debe cerrar la revisión de los contratos asignados durante su gestión ni de las relaciones entre funcionarios y proveedores.
La legisladora acusó que el caso podría representar una parte de un esquema más amplio de contratación pública y exigió que se investiguen los posibles beneficios obtenidos por empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas.
Las investigaciones continúan
El caso se suma a la revisión iniciada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que anunció una investigación de oficio sobre posibles irregularidades en contrataciones del INE, incluidos indicios de conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) también investiga a empresas del sector por posibles irregularidades en procedimientos de contratación. Hasta ahora, los señalamientos deben distinguirse de las responsabilidades que eventualmente puedan acreditarse mediante auditorías, procedimientos administrativos o resoluciones judiciales.
















































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