El negocio de la política y el 3% que cuesta la democracia en México

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En México, los partidos políticos parecen haber encontrado una fórmula perversa para sobrevivir: apostar por candidatos cuestionados, con poder económico o control territorial, aunque ello implique abrir la puerta a personajes investigados por presuntos vínculos con el crimen organizado. No es casualidad ni accidente; es una estrategia electoral que prioriza votos sobre ética, y registro sobre democracia.

Un caso de estudio para politólogos y áreas afines fueron las elecciones de 2024 en Puebla, el reflejo de un fenómeno nacional. Recordemos algunos casos:

Juan Lira Maldonado, “El Moco”, presunto líder huachicolero, fue postulado por Fuerza Por México para la presidencia municipal de Chignahuapan y ganó inicialmente la elección mediante compra de votos, hasta que el proceso tuvo que repetirse.

Alfredo Ramírez Hernández en Ahuazotepec y Gerardo Cortés Caballero en Cuautempan, ambos de Morena, están prófugos por presuntos vínculos criminales —alguien les habría dado el pitazo antes de que las fuerzas federales llegaran a sus ranchos—.

Los hermanos Uruviel, Giovanny y Ramiro González Vieyra, llegaron como presidentes municipales de Chalchicomula de Sesma (Ciudad Serdán), Tlachichuca y San Nicolás Buenos Aires, abanderados por Movimiento Ciudadano. Hoy enfrentan procesos por actividades relacionadas con grupos delictivos.

Y el caso más reciente: Eduardo Velázquez Medina, alcalde de Atzitzintla, y señalado mediante una manta de La Barredora por presuntos nexos con bandas dedicadas al robo de mercancías. El rumor creció tanto, que los policías municipales renunciaron y el Gobierno del Estado tuvo que asumir la seguridad de la demarcación.

¿Cómo es posible que perfiles así hayan llegado a contender? Porque para muchos partidos, lo fundamental no es la calidad moral del candidato, sino lo que puede pagar por la candidatura y, de ahí en adelante, el porcentaje de votación que puede atraer en las urnas. Todo sea por ese mínimo del 3% del padrón electoral, que garantiza vida, dinero público y permanencia. Ese 3% se ha convertido en el atajo perfecto para estructuras políticas sin proyecto real, sin cuadros, sin liderazgo y sin rumbo. Un porcentaje que, lejos de consolidar pluralidad, ha terminado por deformar la competencia electoral.

El problema no es solo ético, es estructural. Cuando un partido registra a un personaje señalado por actividades delictivas, envía un mensaje devastador: que la política es un negocio y que el crimen, si es rentable electoralmente, puede convertirse en socio.

Además, pone en riesgo a los ciudadanos. Los gobiernos municipales capturados por intereses criminales no solo fallan en seguridad: abren la puerta a extorsiones, control territorial, miedo y descomposición social. Lo que pasó en Atzitzintla —donde grupos delictivos se disputan el control territorial— es un recordatorio de lo que ocurre cuando la política cede al crimen.

El tema no es menor. Desde las elecciones de 2024, hubo candidatos que advirtieron de ofertas de financiamiento de grupos delictivos del estado de Veracruz, a cambio de que los dejaran operar una vez que los alcaldes llegaran al poder.

Y no se trata de un partido u otro. La lista es tan amplia como diversa: Morena, MC, PRD, Fuerza Por México, partidos locales… todos han caído en la tentación del 3%. El hambre de votos ha sustituido los principios, y el pragmatismo electoral ha borrado cualquier plataforma ideológica.

Por eso el llamado del gobernador Alejandro Armenta —"no alienten delincuentes"— debería ser escuchado con seriedad. Pero también debe ir acompañado de mecanismos estrictos de selección de candidatos, transparencia total, filtros de inteligencia y responsabilidades claras a los dirigentes que avalan estas postulaciones.

La política no puede seguir funcionando con la lógica de “si gana, qué bueno; si después lo arrestan, ya será problema del nuevo gobierno”.

Esa irresponsabilidad ha permitido que criminales se sienten en cabildos, que dirijan policías municipales y que administren recursos públicos.

Si los partidos quieren recuperar algo de credibilidad —y de paso proteger la democracia— deberán renunciar a ese 3% fácil y comenzar a apostarle al 97% de ciudadanos que quieren representantes honestos, capaces y comprometidos con la ley. De lo contrario, seguirán siendo fábricas de candidatos tóxicos… y cómplices de la degradación política del país.

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Cuenta de X: @mecinas

Director de Quinceminutos MX