El CJNG habría pagado 2 millones de pesos por el asesinato Carlos Manzo
- Redacción
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Audiencia de "El Licenciado" evidencia posible colusión de escoltas y funcionarios
Uruapan, Mich. (Quinceminutos.MX). —La audiencia inicial de Jorge Armando N, alias "El Licenciado", por el asesinato del alcalde independiente de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre, reveló información clave que apunta directamente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como responsable de ordenar y financiar el ataque, mediante un pago de 2 millones de pesos a los responsables del crimen.
La diligencia, realizada en el penal del Altiplano y con una duración superior a cinco horas, expuso que la organización criminal presuntamente ofreció dicha suma para ejecutar al edil, quien había impulsado acciones municipales que afectaban intereses del crimen organizado en la región.
De acuerdo con las declaraciones de los ocho detenidos, la orden habría sido transmitida por Ramón Álvarez Ayala, “El R1”, uno de los principales operadores del CJNG en Michoacán, bajo instrucciones directas de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. La instrucción fue clara: ejecutar al alcalde “estuviera con quien estuviera”.
Filtración interna facilitó el ataque
La investigación también señala que un integrante del equipo de seguridad del presidente municipal habría proporcionado información en tiempo real a los atacantes, permitiendo que el atentado se cometiera mientras Manzo convivía con familias durante el Festival de Velas del Día de Muertos.
Uno de los datos más relevantes de la audiencia fue la confirmación de que el presunto agresor, un joven de 17 años identificado como Víctor Manuel N, falleció tras una ejecución, tal como las Secretaría de Seguridad Ciudadana había concluido tras el reconocimiento del cadáver.
Peritajes forenses contradicen la versión inicial del entonces director de la Policía Municipal, Demetrio “N”, quien afirmó haber disparado desde un metro y medio; sin embargo, las evidencias apuntan a un disparo a quemarropa cuando el menor ya estaba sometido.
En medio de señalamientos de omisión de los escoltas de Manza, siete de ellos —seis hombres y una mujer— fueron detenidos y enfrentan cargos por homicidio calificado en comisión por omisión, al no haber actuado para proteger al edil. Todos permanecen bajo prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones.
Próxima audiencia, el 26 de noviembre
El juez de control fijó para el 26 de noviembre la continuación de la audiencia, en la que se determinará si los acusados serán vinculados a proceso.
Mientras tanto, autoridades federales mantienen un operativo para localizar a “El R1”, considerado pieza clave para esclarecer por completo el crimen.
