El “Cártel Inmobiliario”: la red de corrupción que vulneró a Puebla

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El llamado "Cártel Inmobiliario" o “Cártel del Despojo” logró incrustarse en Puebla a través del Poder Judicial y de funcionarios estatales que supieron aprovechar una etapa de profunda inestabilidad política, tras la trágica muerte de la exgobernadora Martha Erika Alonso y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle.

Después de aquel suceso, Puebla tuvo cinco gobernadores en rápida sucesión: desde Ana Lucía Hill y Jesús Rodríguez Almeida, hasta el interino Guillermo Pacheco Pulido, cuya administración —aunque breve— ha sido poco investigada, pese a que duró seis meses. Luego llegó el gobernador electo Miguel Barbosa Huerta, y tras su fallecimiento, asumió Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

Ese periodo de incertidumbre fue el terreno fértil para que el Cártel del Despojo operara con discreción. Esta red, integrada por notarios, jueces y funcionarios del estado de Oaxaca, tiene sus raíces en los gobiernos de los Murat: José Murat Casab y su hijo, Alejandro Murat Hinojosa, este último exdirector del Infonavit y también exgobernador.

La aparición de la red se remonta al gobierno de José Murat (1998-2004), cuando tras un conflicto agrario y, mediante un esquema de corrupción, vendieron predios hasta tres veces al gobierno de aquel estado, para la instalación del Teletón, la Universidad Anáhuac y la delegación de la FGR en Oaxaca. Fue durante el mandato de Alejandro Murat (2016-2022) —hoy senador de Morena— cuando esta estructura de corrupción encontró el camino para expandirse y especializarse.

En Puebla, los ataques del grupo delictivo estallaron en julio de este 2025, cuando ocho familias fueron desalojadas de sus viviendas en la colonia Gobernadores, en San Andrés Cholula. El despojo se justificó con la supuesta deuda de un particular que, valiéndose de documentos falsos, hizo pasar como suyo un terreno baldío, el cual fue “tomado como pago” y validado por un juez del estado de Oaxaca.

Según las víctimas, el proceso comenzó dos años atrás, es decir en 2023, tras la muerte de Barbosa. Pero para entonces, ya se habían alterado documentos oficiales, por lo que no se descarta que el inicio real se remonte al gobierno interino o incluso a los meses más oscuros de la pandemia. Será tarea de las autoridades judiciales determinar en qué momento exacto comenzó esta operación y quiénes fueron los cómplices dentro del aparato público poblano.

De acuerdo con las investigaciones reveladas por el actual gobierno de Oaxaca, el cártel estaba encabezado por Jorge Alberto Merlo Gómez, detenido en 2023 en Italia. Se le vincula con más de 1,400 despojos en Oaxaca, lo que da una dimensión del tamaño y poder de esta red criminal.

Los hechos en San Andrés Cholula podrían ser apenas la punta del iceberg. En los próximos meses podrían conocerse más casos, más víctimas y más procesos judiciales en marcha.

La coyuntura política actual representa una oportunidad histórica: Alejandro Armenta en el gobierno estatal de Puebla y Claudia Sheinbaum en la presidencia de la República tienen el mandato y la legitimidad para enfrentar este entramado de corrupción. No sólo se trata de devolver las propiedades a sus legítimos dueños, sino de llevar a prisión a quienes se enriquecieron de forma ilícita.

La herramienta más poderosa para lograrlo será la entrada de los nuevos jueces electos por el pueblo, una apuesta clave de la 4T. En ellos están depositadas grandes expectativas y se espera de ellos grandes resultados. El gran reto será llevar al banquillo a personajes como los Murat. ¿O acaso nos dirán que no sabían lo que ocurría en sus gobiernos? Sería tan absurdo como creer que Adán Augusto no sabía de las operaciones de Hernán Bermúdez Requena con La Barredora en Tabasco, cuando él era gobernador.

Como dijo el más ilustre de los oaxaqueños, cuyo legado inspira a la Cuarta Transformación: “El respeto al derecho ajeno es la paz”.

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Director de Quinceminutos MX