Departamento del Tesoro bloquea a tres financieras mexicanas por lavado de dinero y tráfico de fentanilo
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El gobierno de Estados Unidos prohíbe ciertas transferencias de fondos

Washington, D.C., (Quinceminutos.MX).— El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), emitió este miércoles órdenes en las que identifica a tres instituciones financieras mexicanas como una preocupación principal en materia de lavado de dinero, específicamente en relación con el tráfico ilícito de fentanilo y otros opioides sintéticos.
Las instituciones señaladas son CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple (CIBanco) presidido por Jorge Rodrigo Rangel de Alba Brunel; Intercam Banco S.A., Institución de Banca Múltiple (Intercam) presidido por Mario Eduardo García Lecuona Mayeur y Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Vector) propiedad de Alfonso Romo Garza.
De acuerdo con el comunicado oficial de FinCEN, publicado en su cuenta oficial de la red social X (antes Twitter), las medidas incluyen la prohibición de ciertas transferencias de fondos que involucren a dichas entidades.
Estas restricciones buscan bloquear posibles rutas financieras utilizadas por organizaciones criminales, incluidas aquellas vinculadas con cárteles mexicanos, para mover recursos derivados del tráfico de drogas sintéticas como el fentanilo, sustancia que ha sido señalada como una crisis de salud pública en Estados Unidos por su alta letalidad.
Las acciones anunciadas representan las primeras medidas oficiales tomadas bajo el marco de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, legislaciones recientemente aprobadas en ese país. Estas normas otorgan al Departamento del Tesoro facultades adicionales para actuar contra instituciones financieras sospechosas de facilitar el lavado de dinero procedente del narcotráfico.
De acuerdo con el comunicado titulado "El Tesoro emite órdenes sin precedentes bajo una nueva y poderosa autoridad para combatir el fentanilo", las órdenes entrarán en vigor 21 días después de su publicación en el Registro Federal.
La intención de estas medidas es desmantelar las redes económicas que sustentan el tráfico de opioides sintéticos, identificando y cortando las vías de financiamiento que permiten su expansión en el mercado ilegal.