Alcaldes de Acatlán de Osorio y Zapotitlán de Méndez enfrentan procesos de revocación de mandato, confirma Segob
- Felipe P. Mecinas
- hace 2 horas
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Los ayuntamientos enfrentan conflictos internos que ya llegaron al Congreso del Estado
Ciudad de Puebla, Pue. (Quinceminutos.MX). — A solo año y medio de haber asumido el cargo, dos presidentes municipales enfrentan una de las mayores crisis políticas de sus administraciones. Los cabildos de Acatlán de Osorio y Zapotitlán Salinas han solicitado formalmente al Congreso del Estado analizar la posible revocación de mandato de sus alcaldes, tras acusaciones de irregularidades administrativas, conflictos internos y pérdida de gobernabilidad.
Se trata de la presidenta municipal de Acatlán de Osorio —en la Mixteca—, Guadalupe Lucero Bárcenas, postulada por Morena, y del alcalde de Zapotitlán Salinas —en la Sierra Norte—, Salvador Tino Martínez, emanado del Partido del Trabajo (PT), cuyos gobiernos enfrentan cuestionamientos por parte de regidores y sectores de la población.
Los casos fueron confirmados este lunes por el secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, quien señaló que el Gobierno del Estado mantiene acompañamiento institucional en ambos municipios para buscar una salida mediante el diálogo y dentro del marco legal.
“Nosotros, respetando el marco de su autonomía, exhortamos a las autoridades a que dialoguen y, si es necesaria nuestra intervención, mediar para que en un ámbito de conciliación se involucre al Congreso o a la Fiscalía cuando existan elementos que así lo requieran”, afirmó.
Acatlán: una crisis que escaló a las calles
El caso más avanzado es el de Acatlán de Osorio, donde desde principios de junio la confrontación entre la alcaldesa Guadalupe Lucero Bárcenas y la mayoría de los integrantes del Cabildo derivó en una solicitud formal para que el Congreso revise la permanencia de la edil en el cargo.
El pasado 8 de junio, ocho de los diez integrantes del Ayuntamiento aprobaron solicitar la intervención del Poder Legislativo al argumentar presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos, falta de transparencia y decisiones unilaterales dentro de la administración municipal.
La inconformidad no quedó limitada al ámbito institucional. Una semana después —este lunes—, ciudadanos, presidentes auxiliares y regidores encabezaron una protesta frente a la presidencia municipal para exigir la salida de la alcaldesa.
Los integrantes del Cabildo tabién aprobaron, en ausencia de la alcaldesa, la destitución del director de Seguridad Pública, Juan Alberto Domínguez López, y del secretario general del Ayuntamiento, Álvaro Cruz Martínez, funcionarios cercanos a la presidenta municipal y señalados por presuntas irregularidades administrativas y abusos de autoridad.
La figura de Guadalupe Bárcenas ha estado en el centro de la polémica durante los últimos meses debido a señalamientos públicos relacionados con presuntos gastos excesivos, falta de transparencia en el ejercicio de recursos y decisiones cuestionadas por integrantes de su propio gobierno.
Incluso, la relación personal que mantiene con el director de Seguridad Pública fue tema de discusión pública y alcanzó la agenda política estatal.
Edil de Zapotitlán contrata empresa fantasma
En Zapotitlán de Méndez, la confrontación se desarrolla en términos similares.
Los regidores denunciaron diversas anomalías durante el primer año de gobierno de Salvador Tino Martínez.
Entre los señalamientos destacan la presunta alteración de actas de Cabildo, un supuesto préstamo por hasta dos millones de pesos y la asignación de más de 1.6 millones de pesos a una empresa que, según los denunciantes, presenta características de una empresa fantasma para la ejecución de obras públicas.
Las acusaciones motivaron que también se promoviera ante el Congreso del Estado la revisión de la actuación del alcalde y la posibilidad de iniciar un procedimiento de revocación de mandato.
Gobernación llama al diálogo
Ante ambos conflictos, la Secretaría de Gobernación estatal aseguró que mantiene comunicación permanente con autoridades municipales y actores políticos involucrados para evitar una mayor escalada de las confrontaciones.
Samuel Aguilar advirtió que, en caso de que durante las investigaciones surjan elementos relacionados con posibles delitos, encubrimiento o complicidades, las autoridades competentes deberán actuar conforme a la ley.
“Si hay problemas que tienen que ver con seguridad, encubrimiento o complicidad, también deberán brotar y actuaremos conforme a la ley”, sostuvo.
Mientras tanto, corresponderá al Congreso del Estado determinar si existen elementos suficientes para avanzar en los procedimientos solicitados por los cabildos.
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