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Llega al Senado debate por espionaje a periodistas y defensores


Legisladores de todos los grupos parlamentarios condenaron estos hechos y pidieron una investigación a fondo


Ciudad de México.- El Pleno de la Comisión Permanente debatió sobre el presunto espionaje gubernamental en contra de periodistas, personas defensoras de derechos humanos y sus familiares, que dio a conocer el periódico estadounidense New York Times.

Al iniciar la ronda de posicionamientos, el diputado de Encuentro Social, José Alfredo Ferreiro Velazco, comentó que “el presunto espionaje” a periodistas y miembros de la sociedad civil, es un asunto que merece ser investigado, dirimido y resuelto con la mayor transparencia, por el bien de todos.

Dijo que llama la atención que algunos medios, los que más profundamente difundieron la nota, olvidaron la precisión rigurosa y profesional que hace el New York Times en su propio reportaje, donde señala que no hay pruebas definitivas de que el gobierno sea responsable del espionaje y que no se puede determinar quién está detrás de los intentos del hackeo.

De Nueva Alianza, la diputada Karina Sánchez Ruiz, manifestó que el presunto espionaje que se ha denunciado constituye un hecho preocupante, pues de ser ciertas las denuncias no solamente se violentarían los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, sino que se atentaría contra las libertades de los individuos y se pondría en riesgo la democracia.

Consideró indispensable que se llegue al fin de los hechos con estricto apego a la legalidad, “pero también con estricto respeto a nuestras instituciones, pues en un asunto tan complejo, es necesario salvaguardar el Estado de derecho en aras de garantizar la gobernabilidad y la paz social”.

El diputado Macedonio Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, se sumó “a las voces que condenan esta intromisión de las comunicaciones privadas” y demandó una investigación “y que se llegue hasta las últimas consecuencias jurídicas”.

“Ya hay una condena política, ya hay un señalamiento moral y ahora es preciso aplicar las leyes vigentes para que haya sanciones y la gente que vendrá después al gobierno no sea vea en la tentación de caer en lo mismo”, expresó.

Por el Grupo Parlamentario de Morena, el diputado Vidal Llerenas Morales consideró que “si alguien utilizó un software de espionaje para un propósito distinto al que estaba permitido, esa persona tiene que ir a prisión”.

Destacó la importancia de que exista un Fiscal independiente, con credibilidad para que investigue el caso, con la participación de las personas que fueron espiadas.

En representación del PVEM, la diputada Lía Limón García llamó a diputados y senadores a no emitir condenas ni conclusiones anticipadas de que el responsable del espionaje es el gobierno, pues en el Congreso se debe respetar el principio de presunción de inocencia.

Apuntó que legisladores se reunieron con el titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), proveniente de la sociedad civil, quien se comprometió a investigar a fondo en la investigación y clarificar quiénes son los responsables del espionaje a periodistas e integrantes de organizaciones civiles.

El senador Miguel Barbosa, del PT, llamó a los legisladores a poner en práctica las vías institucionales para asumir sus facultades y llamar a comparecer a los titulares de Segob, Cisen y PGR, así como impulsar la conformación de un grupo de investigación independiente de alto nivel, con personalidades de alto prestigio y autónomas, que permita clarificar el origen de la indebida vigilancia a reporteros y representantes sociales.

“Les pido mucha dignidad para que asumamos, desde el Congreso de la Unión, el papel que debemos desarrollar, estamos en presencia de un poder en descomposición, que no tiene controles, de una realidad deformada que quieren que sea la normalidad política; seamos diferentes, asumamos nuestra posición, porque el gobierno debe cuidar al poder, el poder al Estado, y el Estado al pueblo, esa es la regla secuencial para que las cosas mejoren”, concluyó.

La senadora Dolores Padierna, del Grupo Parlamentario del PRD, dijo que el uso de un sistema de espionaje refleja un método sistemático del actual Gobierno Federal para aplicar una política de hostigamiento, en lugar de una política de protección hacia las voces críticas del sistema.

Refirió que es urgente la comparecencia de los titulares de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Secretaría de Gobernación (Segob), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) ante la Comisión Permanente para que expliquen el uso, gastos y operaciones del sistema Pegasus.

La senadora Mariana Gómez del Campo, del Grupo Parlamentario del PAN, comentó que cada persona espiada, cuesta 77 mil dólares, es decir un millón 424 mil 500 pesos; y “si pensamos en los 88 intentos de infección, estaríamos hablando de 125 millones 356 mil pesos”.

Subrayó que es necesario que el Presidente de la República se pronuncie al respecto, y compartió la propuesta de que los titulares de la Segob, la PGR y la Sedena comparezcan ante la Comisión Permanente para explicar el uso de la tecnología utilizada para espiar.

A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, la senadora Graciela Ortiz González condenó enérgicamente lo que está sucediendo en relación a la supuesta invasión a la privacidad de periodistas y activistas y de todos aquellos que en algún momento han sufrido una invasión a su privacidad; y planteó al gobierno que se investigue dicho supuesto.

Es importante proteger la actividad de los periodistas, para que su ejercicio se de en plena libertad y se respeten los derechos humanos a cabalidad, pero se tiene que distinguir el respeto a los derechos humanos de lo que es el oportunismo político, advirtió. La PGR ya inició la investigación, por lo que solicitó que se realice con rigor científico, exhaustividad y pulcritud para que quede claro a qué intereses obedecen estos espionajes.

El diputado del PVEM, Emilio Enrique Salazar Farías, advirtió que nadie puede estar de acuerdo en que se espíe a alguien si no es de manera legal. Expresó su solidaridad con los que han sido hackeados y dijo que se debe respetar el derecho de todo mundo a la vida privada, “nos solidarizamos con medios de comunicación y condenamos cualquier acto ilegal”.

El senador del PT, Benjamín Robles Montoya, consideró que se debe de ir en contra de aquellos que compraron y adquirieron los equipos y programas para espiar, toda vez que ya han llegado a límites inimaginables y pidió fincar responsabilidades a los responsables.

El diputado del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, aseveró que por el bien de la nación este caso debe ser aclarado, sin importar quien caiga como responsables que puedan resultar de una investigación y una aclaración de los hechos.

La diputada Claudia Sánchez Juárez, del PAN, dijo que es preocupante el espionaje en México, el cual se hado a lo largo de varios años y a diferentes actores de la sociedad, esto “no se debe hacer costumbre”, pues va en contra de los derechos humanos.

Su compañero de bancada, diputado Federico Döring Casar señaló que si el gobierno no es culpable por comisión, lo es por omisión y complicidad, por su ineptitud para investigar los hechos y fijar una postura oficial de descontento por el espionaje a periodistas y activistas.

El senador Héctor Larios Córdova, del PAN, aseguró que este caso de espionaje se dio desde el poder; o fue la “PGR o el CISEN o la Defensa Nacional. Son los tres que adquirieron este software”. No podemos acostumbrarnos a que en este país no pase nada, cuando en cualquier otra parte del mundo eso significaría iniciar una investigación, incluso, contra el propio Presidente de la República y aquí solamente se merece un boletín.

El diputado priista José Hugo Cabrera Ruiz rechazó que el gobierno de la república haya sido omiso en este caso, pues desde ayer refrendó su compromiso irrestricto a la privacidad, a la protección de los datos personales y exhortó a los que pudieron ser víctimas de las acciones descritas a que presenten sus denuncias ante la PGR.

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