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Ley del Agua desata protestas contra alcaldes en Puebla


La reforma entrega al Estado la administración de los sistemas operadores


El control de los servicios de agua potable en el estado de Puebla y la economía que se mueve en torno a estos se ha convertido en los últimos días en tema de debate para amplios sectores de la sociedad, al considerarlo una privatización de los recursos naturales e incluso, como una violación a los derechos humanos.

Durante el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas, el Estado entregó la operación del servicio de agua en la capital a la empresa Concesiones Integrales S.A. de C.V. bajo condiciones que no han sido transparentadas.

Aunque inicialmente el acuerdo contemplaba la administración del servicio durante 30 años, los pasivos de más de mil millones de pesos que habría tenido que saldar la concesionaria, obligaron -informó en su momento el gobierno estatal- a elevarlo a 60 años de operación y recaudación.

Desde su entrega, el Congreso del Estado también autorizó a Concesiones Integrales incrementar las tarifas del servicio, según estratos sociales, llegando a triplicar las cuotas, multas y recargos. Así, actualmente, en las colonias populares se calcula una tarifa de 185 pesos mensuales, cuando el salario mínimo vigente para este 2017 es de 80 pesos.

Con todos estos ajustes la empresa conocida por los usuarios como "Agua de Puebla" percibirían ingresos de 90 millones de pesos mensuales (Intolerancia Diario).

Cuatro años después de la entrega del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) a la inversión privada, el Congreso del Estado autorizó con el aval de 142 alcaldías, reformar el artículo 12 de la Constitución del Estado a fin de implementar una operación similar a la utilizada en Puebla capital, pero ahora con el agua potable de los 217 municipios, dejando en manos del Estado la operación de los organismos operadores del recursos vital.

La entrega, que ha sido considerada por organizaciones y ciudadanos como "una traición al pueblo" ya generó sus primeras protestas, como en el caso del municipio de Coronango, donde el lunes de esta semana, decenas de pobladores exigieron la destitución de la alcaldesa, Hermelinda Macoto por firmar la iniciativa que consideran una privatización del agua.

El mismo reclamo se hizo patente el martes pero en el municipio de Juan Crisostomo Bonilla, donde un grupo de pobladores se plantaron en la alcaldía y retuvieron a funcionarios ante la ausencia del presidente Filemón Aguilar Rodríguez, a quien reclamaron haber firmado el acuerdo con el estado.

Alcaldes conforman bloque opositor

Un grupo de alcaldes encabezados por José Juan Espinosa Torres, de San Pedro Cholula (Morena) y Ernestina Fernández Méndez (PRI), ha emprendido una lucha jurídica en contra de la reforma por considerarla inconstitucional y violatoria del artículo 115, a fin de revertir los efectos de la llamada "Ley del Agua".

Entrevistado para Quinceminutos.MX el munícipe adelantó que sólo están esperando a que la reforma sea publicada en el Diario Oficial del Estado para interponer una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Cuestionado acerca de si el tema de fondo es el control del agua o de los recursos públicos, Espinosa Torres, afirmó que "el conflicto se basa en el control que pretende hacer el Estado sobre el agua potable que es un servicio, potestad, facultad de los gobiernos municipales".

Aunque la reforma fue ya avalada por 147 Ayuntamientos, Espinosa Torres puso en duda la veracidad de los mismos y refirió que se han sumado a la inconformidad otros municipios como Libres y Huehuetlán, con quienes están preparando el recurso legal.

"Sabemos como se las gastan y como se hacen actas de Cabildo de papel, entonces la pura verdad es que ellos van a hacer todo lo jurídicamente posible para tratar de blindarse ante la controversia que vamos a presentar, pero la vamos a presentar, el agua es un derecho de todos", soltó.

Cumple Congreso promesa de campaña de Tony Gali

Por su parte Jorge Aguilar Chedraui, presidente del Congreso del Estado, aseguró que con la reforma se busca garantizar el acceso del agua a todos los poblanos, dotando al Estado de la responsabilidad para su administración.

Explicó que la reforma obedece primero a uno de los 22 compromisos de campaña firmados por el actual gobernador Antonio Gali Fayad y segundo, a una homologación con la Ley Federal.

“No se privatiza el servicio, sino todo lo contrario, es establecer el derecho al agua como un derecho fundamental humano reconocido en la Constitución local”, aseguró.

Sobre este argumento, el alcalde de Cholula rechazó los dichos del diputado: "Jorge Aguilar dice que no hay intentos de privatizar el agua, nadie les cree, ya lo hicieron en la capital, ahora lo que quieren es continuar con esta privatización, ahora en las ciudades más importantes del estado".

El Artículo 115

El artículo 115 de la Constitución Mexicana estipula en su fracción III que "los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; b) Alumbrado público. c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; d) Mercados y centrales de abasto. e) Panteones. f) Rastro. g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; e i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera".

El apartado legal también señala que: "Los municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de municipios de dos o más Estados, deberán contar con la aprobación de las legislaturas de los Estados respectivas. Así mismo cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio".

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