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Solicitan licencia gobernador de Sinaloa y alcalde de Culiacán en medio de investigación de EUA

  • Foto del escritor: Redacción
    Redacción
  • 2 may
  • 2 Min. de lectura

Las acusaciones que vinculan a funcionarios con el Cártel de Sinaloa

Rubén Rocha Moya aseguró que atenderá los señalamientos en su contra.
Rubén Rocha Moya aseguró que atenderá los señalamientos en su contra.

Culiacán, Sin. (Quinceminutos.MX). — Luego de que Estados Unidos revelara una presunta red de funcionarios, encabezados por el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez, ambos mandatarios pidieron licencia para separarse temporalmente del cargo.


A través de un mensaje difundido en redes sociales, el gobernador informó que presentó ante el Congreso de Sinaloa su petición para ausentarse del cargo mientras se desarrollan las indagatorias encabezadas por la Fiscalía General de la República (FGR).


Rocha Moya señaló que su decisión responde a una convicción institucional y tiene como objetivo permitir que las autoridades mexicanas actúen con plena libertad durante el proceso. Indicó que la separación temporal facilitará el desarrollo de las investigaciones sin interferencias desde el Poder Ejecutivo estatal.


El gobernador subrayó que se mantendrá atento al curso legal del caso y aseguró que atenderá los señalamientos en las instancias correspondientes, al tiempo que reiteró su compromiso con la legalidad.


En el mismo contexto, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, también optó por solicitar licencia, en un movimiento que ocurre tras las acusaciones que vinculan a funcionarios con el grupo delictivo conocido como Los Chapitos, junto con otras personas señaladas.


Será el Congreso local el encargado de revisar y, en su caso, aprobar la solicitud del titular del Ejecutivo estatal, además de definir el mecanismo institucional que regirá durante su ausencia.


Este proceso se da luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) descartara la detención de Rocha Moya y de los nueve requeridos por la justicia de Estados Unicos. Esto, al considerar que no han sido aportadas pruebas suficientes para ejercitar la acción judicial contra los funcionarios.

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