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Reforma electoral: la prueba política de Sheinbaum

  • Foto del escritor: Quinceminutos.MX
    Quinceminutos.MX
  • 5 mar
  • 2 Min. de lectura

Sin cabildeo previo, pero sí con una serie de especulaciones y rechazos adelantados hasta de los aliados como los son diputados del PT y del Partido Verde, este 4 de marzo finalmente llegó a San Lázaro el Proyecto de Reforma Electoral anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo que en campaña fue un compromiso político, hoy se convierte en una de las primeras grandes pruebas de gobernabilidad del nuevo sexenio.


La iniciativa creada por una comisión encabezada por Pablo Gómez y presentada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, quien tiene ahora —a falta de operadores políticos— la tarea más compleja: construir los consensos necesarios para sacar adelante un proyecto que desde su origen genera incomodidades entre partidos aliados como el PT y el Partido Verde.


El debate político no sólo gira en torno al contenido de la reforma, sino también a los actores encargados de operarla. Un caso visible es el del poblano Ignacio Mier Velasco, recientemente nombrado coordinador de Morena en el Senado. Su llegada no ha sido del todo tersa entre algunos sectores del oficialismo, debido a su cercanía con Adán Augusto López. Además, hasta ahora su presencia ha sido casi nula en medio de uno de los debates políticos más relevantes de la agenda presidencial.


En términos de fondo, la reforma plantea reducir el número de escaños en el Senado, el presupuesto a los partidos políticos y la conformación del Congreso de la Unión. En este último punto, se propone sustituir a los legisladores plurinominales por el modelo del “gran perdedor”, una fórmula que permitiría llegar al Congreso a candidatos que, aunque no ganaron su distrito, obtuvieron votaciones competitivas.


El verdadero nudo político se encuentra en dos temas sensibles: el presupuesto a los partidos políticos y el futuro de las plurinominales.


Durante décadas, las listas de representación proporcional han sido controladas por las cúpulas partidistas, que deciden quién ocupa los primeros lugares y, por lo tanto, quién llega al Congreso sin haber hecho campaña. Ese sistema no sólo ha sido criticado por su falta de legitimidad democrática, sino también por abrir espacios a la venta de candidaturas y al uso del fuero como escudo político.


No obstante, es cierto que la Reforma Electoral no toca temas torales como la sobrerrepresentación legislativa ni aborda de frente la intromisión del narco en la política, así como tampoco el uso de recursos públicos en las campañas. Tampoco pone freno a las viejas prácticas electorales como la compra de votos, embarazo de urnas, turismo electoral y acarreo —el verdadero talón de Aquiles del proyecto—, que en los últimos años se han multiplicado y hasta convertido en una práctica recurrente y solapada por las autoridades.

La presidenta ha dejado abierta la puerta para modificar la iniciativa durante el proceso legislativo. Sin embargo, más que una simple reforma administrativa, la propuesta de Sheinbaum se perfila como un choque directo con los privilegios políticos de siempre. Y en esa disputa se definirá no sólo el alcance de la reforma, sino también la capacidad del nuevo gobierno para transformar las reglas del poder electoral en México.


Cuenta de X: @mecinas

Director de Quinceminutos MX

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