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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo refrendó su respaldo a la Ley de Ciberseguridad recientemente aprobada por el Congreso del Estado de Puebla, al destacar que esta iniciativa, al igual que otras implementadas en entidades como Nuevo León y Coahuila, busca proteger a la ciudadanía frente al ciberacoso y la violencia en los entornos digitales.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoció que es necesario que los Congresos estatales legislen sobre los delitos digitales. En ese sentido, coincidió con el proceso que desarrolló el Congreso del Estado de Puebla con la modificación del Código Penal de la entidad.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un exhorto dirigido al gobierno del estado de Puebla, en el que reconoce la necesidad de que las entidades federativas adopten medidas legales para prevenir y sancionar la violencia digital. No obstante, manifestó su preocupación por la reciente inclusión del artículo 480 al Código Penal del estado, en el cual se tipifica el delito de ciberasedio con una redacción que considera ambigua y potencialmente riesgosa .

Representantes de la sociedad civil y autoridades analizaron la reciente reforma, en medio de preocupaciones por su alcance y aplicación...

Ante cuestionamientos surgidos tras la aprobación de la Ley de Ciberseguridad, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, fue enfático al señalar que la legislación no tiene fines de censura ni de represión, sino que está diseñada para proteger a las víctimas de los delitos cibernéticos, un problema creciente que afecta a miles de personas en el estado.

El Gobierno Federal respaldó de forma contundente la apertura al análisis ciudadano de la llamada "Ley Censura", impulsada en el estado de Puebla como parte de la Ley de Ciberseguridad, y que ha generado polémica por un artículo relacionado con el ciberacoso.

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El Gobierno del Estado de Puebla avanza en la protección de su ciudadanía con la Ley contra la violencia digital y el ciberacoso, que contempla multas económicas y penas de prisión de hasta tres años para quienes incurran en delitos digitales. Esta medida busca reforzar la seguridad en entornos digitales y garantizar una respuesta legal contundente ante las agresiones en línea.

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