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Morena alista nueva figura legal contra el ciberasedio tras fallo de la Corte

  • Foto del escritor: Quinceminutos.MX
    Quinceminutos.MX
  • 14 abr
  • 2 Min. de lectura

Anuncian abrogación formal del artículo invalidado y nueva iniciativa con mayor precisión jurídica


Ciudad de Puebla, Pue. (Quinceminutos.MX). – Tras la invalidez del delito de ciberasedio por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el grupo parlamentario de Morena en el Congreso local anunció que impulsará una nueva figura jurídica para sancionar el acoso digital, con criterios más claros y apegados a la Constitución.


El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pavel Gaspar Ramírez, informó que su bancada presentará la abrogación formal del artículo 480 del Código Penal, en cumplimiento con la resolución del máximo tribunal del país.

“El Tribunal Pleno declaró la invalidez del artículo 480 del Código Penal para el Estado de Puebla (…) La acato con pleno respeto institucional”, señaló el legislador, al referirse al fallo que consideró ambigua la redacción del delito.

En ese sentido, subrayó que la decisión de la Corte no niega la existencia del problema, sino que evidenció la falta de precisión del marco legal. “Quiero ser claro: el acoso digital es real y quienes lo sufren, especialmente niñas, niños y adolescentes, merecen protección efectiva”, enfatizó.


El coordinador legislativo adelantó que, de manera simultánea a la abrogación, Morena presentará una nueva propuesta legal que atienda el fenómeno del ciberacoso con rigurosidad técnica, evitando ambigüedades como las señaladas por la SCJN.

Cabe recordar que la Corte invalidó el artículo al considerar que términos como “vigilar”, “hostigar”, “ofender” o “intimidar” en entornos digitales no estaban claramente definidos, lo que podía derivar en la criminalización de conductas cotidianas y afectar la libertad de expresión.

Ante este escenario —según lo expresado por el diputado—, el Congreso de Puebla buscará construir un nuevo instrumento legal que equilibre la protección de las víctimas con el respeto a los derechos fundamentales, particularmente en el uso de redes sociales y tecnologías de la información.

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