SCJN invalida delito de “ciberasedio” en Puebla por ambigüedad; protege libertad de expresión
- Felipe P. Mecinas
- 14 abr
- 2 Min. de lectura
La Corte determinó que el artículo 480 del Código Penal carecía de claridad y podía criminalizar interacciones en redes sociales
Ciudad de México. (Quinceminutos.MX).– Al considerar que su redacción era ambigua y vulneraba principios fundamentales como la seguridad jurídica y la libertad de expresión en entornos digitales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el delito de “ciberasedio” contemplado en el Código Penal del Estado de Puebla.
Durante la sesión del Pleno realizada este martes, las y los ministros declararon la invalidez total del artículo 480, al señalar que no establecía con precisión qué conductas eran sancionables, ni definía con claridad elementos clave como la intención de la persona, el nivel de gravedad del acto o la relación entre la conducta y el daño que se pretendía evitar.
La Corte advirtió que términos como “vigilar”, “hostigar”, “ofender” o “intimidar” a través de tecnologías de la información eran demasiado amplios, lo que podía abarcar desde conductas graves hasta interacciones cotidianas en redes sociales, abriendo la puerta a abusos y a la criminalización de expresiones legítimas.
Además, el máximo tribunal consideró que la norma permitía imponer sanciones penales en casos que podrían resolverse por otras vías menos restrictivas, como mecanismos civiles o administrativos, lo que contraviene el principio de mínima intervención del derecho penal.
Por ello, la SCJN resolvió que la invalidez del artículo tendrá efectos retroactivos en beneficio de las personas a quienes se les haya aplicado esta disposición desde su entrada en vigor.
La resolución corresponde a la Acción de Inconstitucionalidad 81/2025 y su acumulada 88/2025, resueltas este 14 de abril de 2026.
La llamada Ley de Ciberasedio en Puebla fue impulsada por el gobierno del estado con el objetivo de combatir conductas de acoso digital, particularmente en redes sociales, en un contexto de creciente violencia en línea. Sin embargo, desde su aprobación generó críticas por parte de organizaciones civiles, especialistas en derechos digitales y periodistas, quienes advirtieron que su redacción podría derivar en censura y persecución de opiniones.
Diversos colectivos señalaron que la falta de precisión en la definición del delito abría la posibilidad de que autoridades interpretaran de manera discrecional qué constituía “acoso”, lo que ponía en riesgo el ejercicio de la crítica, la denuncia pública y el debate en plataformas digitales.
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