Por violencia familiar, ordena juez suspensión del titular de la ASE

Francisco Romero Serrano enfrenta una denuncia por el delito de violencia familiar contra un menor de edad

por Irene Castellanos

Puebla, Méx. (Quinceminutos.MX).- Denunciado por violencia familiar en contra de un menor de edad, Fraciso Romero Serrano fue suspendido este lunes de sus funciones como titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), por órden del juez de Control de la Región Judicial Centro-Poniente.

Lo anterior, fue informado en la sesión de este 14 de febrero, cuando la Mesa Directiva del Congreso del Estado dio cuenta con el oficio enviado por el juez donde se informa de la medida cautelar en contra del funcionario.

El oficio fue turnado de conocimiento a la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado; a la nueva Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado para su estudio y resolución procedente; así como al propio organismo de fiscalización para los efectos legales conducentes.

En diciembre pasado fue difundido en medios locales sobre la existencia de una orden de aprehensión en contra del auditor, relacionada con agresiones al hijo de su esposa, lo que orilló a la pareja a grabar un video en el que se deslindaron de los hechos, rechazando la versión.

Aunque la esposa del auditor, Joseline Zurita, aseguró no haber presentado alguna denuncia, Romero Serrano tramitó un amparo en contra de una aprehensión, argumentando persecusión política en su contra.

Piden protección a periodistas

En asuntos generales, la diputada Nancy Jiménez Morales presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación estatal, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CEDH) para que efectúen acciones y medidas para proteger y prevenir cualquier acto de violencia en contra de periodistas, con el objetivo de ofrecer entorno seguro para ejercer su práctica.

Durante su intervención, la legisladora argumentó que Puebla es uno de los estados con más agresiones a periodistas, por lo que la propuesta fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia para su análisis y resolución.