Por desfalco millonario en Puebla, inhabilitan a María Teresa Castro Corro, exsecretaria de Finanzas de Miguel Barbosa
- Felipe P. Mecinas
- 27 oct
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Poder Judicial exige a la exfuncionaria 362 mdp de las arcas del Estado
Ciudad de Puebla, Pue. (Quinceminutos.MX). — La Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial del Estado de Puebla resolvió el pasado 30 de septiembre en contra de la exsecretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, María Teresa Castro Corro, al hallarla responsable de faltas administrativas graves por “Desvío de Recursos Públicos” y “Abuso de Funciones”, tras la colocación irregular de 604 millones de pesos del erario en el desaparecido Banco Accendo, que posteriormente quebró.
De acuerdo con la resolución judicial filtrada a medios locales, la exfuncionaria fue declarada culpable del daño patrimonial causado al Estado de Puebla, derivado de una inversión financiera no autorizada y sin las garantías legales de recuperación.
La sentencia establece que Castro Corro deberá reintegrar al erario estatal un total de 362 millones de pesos como sanción económica por el perjuicio causado, además de quedar inhabilitada por 20 años para ocupar cualquier cargo público.
La investigación se originó tras detectarse que, durante su gestión al frente de la Secretaría de Planeación y Finanzas, los recursos públicos estatales fueron transferidos a Banco Accendo —Sociedad de los empresarios Javier Reyes de la Campa y Moisés Cosío Espinosa—, institución que entró en proceso de liquidación el mismo año de 2021 por irregularidades financieras y uso de factureras, provocando la pérdida de cientos de millones de pesos de fondos públicos.
Las afectaciones de Banco Accendo que suman más de 3,000 millones de pesos incluyen a estados como Puebla, Veracruz, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas, baja California, Estado de México y Durango. Además de algunos ayuntamientos, la Lotería Nacional y hasta el Banco del Bienestar. Ninguno de los socios ha sido detenido ni las deudas han sido liquidadas.
Responsabilidad administrativa grave
El fallo de la Sala Especializada detalla que la exfuncionaria incurrió en faltas administrativas graves, al disponer de recursos estatales sin autorización y con fines distintos a los previstos en la normatividad financiera.
Fuentes judiciales explicaron que la resolución fue emitida con base en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual considera el desvío de recursos y el abuso de funciones como conductas sancionables con inhabilitación y reparación del daño.
En caso de que María Teresa Castro Corro incumpla con la reintegración del monto establecido, la autoridad competente podrá ejecutar la sanción económica por la vía coactiva, a través de la Secretaría de la Función Pública del Estado y la Tesorería General de Puebla, mediante:
Embargo de bienes y cuentas bancarias personales;
Procedimientos de ejecución fiscal conforme al Código Fiscal del Estado de Puebla;
Y, de persistir el incumplimiento, la posibilidad de acciones penales por el delito de peculado o enriquecimiento ilícito, de acuerdo con el Código Penal del Estado.
Además, la resolución podría ser turnada a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en caso de acreditarse daño doloso o intención de ocultamiento patrimonial.
Estratega financiera de Miguel Barbosa
María Teresa Castro Corro fue nombrada secretaria de Planeación y Finanzas durante la administración de Miguel Barbosa Huerta (2019–2022), y concentró la operación presupuestal más amplia del gobierno estatal. Su gestión fue señalada por concentrar el control financiero de organismos descentralizados y fideicomisos estatales.
La inversión fallida en Banco Accendo se realizó en 2021, cuando el banco aún contaba con licencia de operación, pero ya enfrentaba procedimientos administrativos ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). La institución fue declarada insolvente meses después, sin posibilidad de devolver los depósitos estatales.
Lo que sigue
La resolución del Poder Judicial aún puede ser impugnada ante la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, sin embargo, mientras no exista suspensión o revocación del fallo, la sanción económica y la inhabilitación permanecen firmes.
Con ello, el caso marca uno de los precedentes más relevantes en materia de responsabilidad administrativa en Puebla, al involucrar a una de las exfuncionarias de mayor rango del gobierno barbosista y confirmar la pérdida de recursos públicos por más de 600 millones de pesos.
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