FGR analiza solicitud de EUA contra Rubén Rocha; advierte falta de pruebas y exige apego a protocolos
- Redacción
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La Fiscalía iniciará una investigación propia para recabar información y establecer si hay datos de prueba
Ciudad de México. (Quinceminutos.MX). — La Fiscalía General de la República (FGR) informó que analizará la solicitud de detención provisional con fines de extradición presentada por el gobierno de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra funcionarios y exfuncionarios de esa entidad, por presuntos vínculos con el crimen organizado.
En un mensaje a medios, Ulises Lara López, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes, precisó que la institución fue notificada a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y que, conforme a la ley, se revisará la documentación para determinar si existen elementos probatorios que sustenten la petición.
El funcionario explicó que, como en cualquier procedimiento internacional, la FGR debe apegarse a los protocolos establecidos en la Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales y los tratados bilaterales en materia de extradición.
Detalló que, de manera paralela, la Fiscalía iniciará una investigación propia para recabar información y establecer si hay datos de prueba que permitan solicitar órdenes de aprehensión ante autoridades judiciales mexicanas.
No obstante, subrayó que la solicitud enviada por el gobierno estadounidense “no se acompaña de elementos suficientes que aporten evidencias contundentes” sobre los hechos señalados.
Asimismo, Lara López indicó que el tratado bilateral establece que la extradición solo procede cuando las pruebas cumplen con los estándares legales del país requerido, en este caso México.
El vocero también señaló que las autoridades de Estados Unidos solicitaron que la información relacionada con el caso se mantuviera bajo carácter confidencial, conforme a las normas internacionales, incluida la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, por lo que la difusión pública de estos datos podría afectar los procesos.
En cuanto a los implicados que actualmente ocupan cargos públicos, recordó que la
legislación mexicana establece la necesidad de un juicio de procedencia para retirar la inmunidad procesal antes de cualquier acción penal.
Finalmente, la FGR reiteró que actuará con apego a la ley y respeto a la soberanía nacional, al señalar que cualquier procedimiento deberá garantizar el debido proceso y los derechos de las personas involucradas.
