Encapuchados y con armas de fuego participaron en los bloqueos de Puebla, revela el gobernador
El mandatario evidencia intereses detrás de la manifestación realizada en ocho puntos de manera simultánea
Ciudad de México. (Quinceminutos.MX).— Detrás de los bloqueos realizados el martes simultáneamente en ocho puntos de la ciudad de Puebla habría intereses ajenos a las demandas de los familiares de internos del penal de San Miguel. Así lo reveló el gobernador Alejandro Armenta, en conferencia de prensa realizada en la Ciudad de México.
De acuerdo con la información, algunos participantes habrían recibido 400 pesos por sumarse a las protestas durante dos horas, mientras que otros fueron captados encapuchados y portando armas de fuego.
Armenta Mier cuestionó las condiciones en que se desarrolló la movilización del pasado martes y anunció que las autoridades investigan la posible participación de grupos interesados en generar presión alrededor del sistema penitenciario estatal.
En conferencia de prensa en la Ciudad de México, el mandatario reconoció que los familiares de las personas privadas de la libertad tienen derecho a manifestarse y denunciar posibles abusos dentro del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel; sin embargo, consideró necesario investigar la presencia de personas armadas y el presunto pago a manifestantes.
«¿Cuánto les pagaron? Le comentaron al secretario de Gobernación que 400 pesos por dos horas. Entonces, se tiene que investigar, porque hay intereses ahí, hay intereses», expresó.
Armenta mostró fotografías que, aseguró, fueron entregadas por uno de los participantes de la movilización, en las que aparecen personas encapuchadas y con armas de fuego. Sobre una de ellas, sostuvo que no se trataba de un arma de bajo calibre, sino de una de uso exclusivo del Ejército.
La protesta fue atribuida a familiares de internos del penal de San Miguel, quienes exigieron la destitución del director del centro penitenciario, la salida de uno de los jueces y el traslado de tres reclusos considerados de alta peligrosidad.
De acuerdo con los señalamientos relacionados con la movilización, estos internos estarían vinculados con el grupo delictivo de La Familia Michoacana y presuntamente operarían esquemas de extorsión y cobros ilegales contra otros reclusos y sus familiares.
Trasladarán a reos de alta peligrosidad
El gobernador confirmó que el gobierno estatal ya instaló una mesa de atención con participación de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y áreas de inteligencia federal para revisar las denuncias y las condiciones de seguridad al interior del penal.
Como parte de las acciones, anunció que durante esta misma semana serán trasladados a otros centros penitenciarios dos o tres internos considerados de alta peligrosidad, una de las principales exigencias planteadas durante las protestas.
Recordó que, antes de su administración, el penal de San Miguel se encontraba bajo el control de grupos delictivos, por lo que sostuvo que recuperar la gobernabilidad y garantizar la seguridad de las personas privadas de la libertad es una prioridad.
«No hay por qué temer si alguien se siente amenazado por esos delincuentes, que nos hagan saber al secretario de Gobernación, al secretario de Seguridad Pública o a mí. Estaremos siempre dispuestos a apoyar a la gente», afirmó.
El mandatario también aseguró que su gobierno mantiene la obligación de garantizar los derechos humanos de las personas recluidas y atender las denuncias de sus familiares, por lo que rechazó cualquier actitud de indiferencia ante posibles abusos.
Armenta defiende tolerancia a las manifestaciones
Al referirse a las movilizaciones sociales, Armenta sostuvo que su administración ha mantenido una política de respeto a la libre manifestación y al derecho de asociación, incluso cuando algunas protestas han derivado en daños al patrimonio público y afectaciones a terceros.
Aseguró que en Puebla no se ha detenido a personas por participar en manifestaciones, pese a que en ocasiones anteriores se han registrado actos violentos, como la quema de vehículos y daños al transporte público.
No obstante, consideró que la atención de las demandas requiere disposición al diálogo entre las autoridades y los inconformes.
«Atendemos siempre las manifestaciones, pero para que se dé atención tiene que haber diálogo; si el que se manifiesta no quiere dialogar, pues es complicado», puntualizó.
Mientras tanto, las autoridades estatales y federales mantienen la revisión de las condiciones de seguridad en el Cereso de San Miguel, así como de los señalamientos sobre posibles extorsiones y la participación de personas armadas en los bloqueos.
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