Diputados aprueban Ley contra la Extorsión; establece penas de hasta 15 años

La iniciativa busca unificar la tipificación del delito en todo el país y endurecer las sanciones contra quienes lo cometan

Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó este martes por unanimidad la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, con la cual se establecen penas de hasta 15 años de prisión y la posibilidad de presentar denuncias de forma anónima.

Con 456 votos a favor, el pleno de la Cámara baja avaló la iniciativa enviada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que tiene como propósito unificar la tipificación del delito de extorsión en todo el país. La nueva legislación es reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución mexicana y forma parte de la estrategia federal contra la delincuencia organizada.

El dictamen aprobado también contempla reformas al Código Penal Federal, al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a la Ley Nacional de Extinción de Dominio y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con el fin de armonizar los marcos legales que rigen la persecución de este delito.

La ley establece una pena de seis a quince años de prisión y una multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) por el delito de extorsión. Este se define como el acto de “quien, sin derecho, obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro para sí o para otro, o causando a alguien un daño o perjuicio patrimonial, moral, físico o psicológico”.

De acuerdo con la Cámara de Diputados, el delito de extorsión y los relacionados “se investigarán y perseguirán de oficio”. Además, la legislación contempla agravantes que pueden aumentar las penas hasta en dos terceras partes, dependiendo de las circunstancias. Entre ellas se encuentran los casos en que el delito se cometa con violencia o en contra de personas dedicadas a actividades comerciales, empresariales, agrícolas, ganaderas, pesqueras o de servicios públicos o privados.

También se considerará agravante cuando las víctimas sean migrantes, menores de edad, mujeres embarazadas o adultos mayores de 60 años, así como cuando se utilice información privada —como datos personales, imágenes, audios, textos o videos, reales o manipulados— para coaccionarlas.

Uno de los puntos destacados de la ley es que las denuncias podrán realizarse sin revelar la identidad del denunciante, con el fin de proteger a las víctimas y fomentar la denuncia de este delito. Asimismo, se establece que los sentenciados por extorsión no podrán acceder a beneficios preliberacionales ni a la conmutación de la pena, salvo en casos excepcionales en los que colaboren con la justicia.

Tras su aprobación en lo general, la iniciativa pasará a discusión en lo particular y, posteriormente, será enviada al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.

La propuesta fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 20 de octubre, con el objetivo de unificar el combate a la extorsión en todas las entidades del país y fortalecer el marco jurídico para proteger a la ciudadanía frente a este delito.