Destituyen a jueces y funcionarios del Poder Judicial en Puebla por corrupción y hasta vínculos con Trata
- Felipe P. Mecinas
- hace 5 horas
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El Consejo de la Judicatura detecta cobros ilegales, abuso de poder y hasta una sentencia irregular
Ciudad de Puebla, Pue. (Quinceminutos.MX). — Una serie de irregularidades graves, que van desde cobros ilegales para agilizar trámites hasta posibles vínculos con redes de tráfico de personas, derivó en la separación y sanción de servidores públicos del Poder Judicial del Estado, tras investigaciones internas encabezadas por el Consejo de la Judicatura.
El organismo confirmó que, luego de concluir diversos procedimientos en apego a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se acreditaron faltas administrativas cometidas por personal adscrito a distintas sedes judiciales, lo que motivó la imposición de medidas que incluyen suspensiones temporales, destituciones e inhabilitaciones.
Entre los casos más delicados destaca el de una escribiente del Juzgado Tercero de lo Familiar del distrito judicial de Puebla, quien fue suspendida de manera temporal como medida cautelar, tras comprobarse que solicitó y recibió dinero en su cuenta personal a cambio de agilizar trámites judiciales, una práctica que vulnera directamente los principios de legalidad y equidad en el acceso a la justicia.
En paralelo, el Consejo ordenó la destitución e inhabilitación por un año de quien se desempeñaba como Juez Municipal de Camocuautla, por irregularidades en la gestión de un pasaporte para una persona menor de edad y su presunta relación con una red de tráfico de personas, un señalamiento que eleva la gravedad del caso a posibles implicaciones penales.
Otro expediente derivó en la remoción e inhabilitación por un año de una Jueza de lo Civil y Penal en el distrito judicial de Tecamachalco, tras acreditarse abuso de funciones en el ejercicio de su cargo.
Las investigaciones también alcanzaron a mandos intermedios. Un Secretario de Acuerdos en Zacapoaxtla fue sancionado con 90 días de suspensión por emitir una sentencia sin contar con facultades legales, mientras que en Huejotzingo, un Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho recibió seis meses de suspensión por realizar una diligencia de perdón judicial sin verificar la identidad de la víctima, comprometiendo la validez del procedimiento.
El Consejo de la Judicatura subrayó que todas las resoluciones se sustentaron en un análisis puntual de cada caso, bajo criterios de legalidad, objetividad y debido proceso, en un intento por contener prácticas que erosionan la confianza en las instituciones.
Con estas acciones, el órgano disciplinario busca enviar una señal de cero tolerancia a la corrupción al interior del Poder Judicial, en un contexto donde la exigencia social por una justicia transparente y confiable se mantiene en aumento.
