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Académico de la IBERO Puebla denuncia detención ilegal y desaparición temporal en Nuevo León

  • Foto del escritor: Irene Castellanos
    Irene Castellanos
  • hace 4 minutos
  • 3 Min. de lectura

El académico fue localizado con vida el 16 de enero en un centro de rehabilitación del municipio de Juárez

Académico IBERO Puebla
Leonardo Escobar Barrios, académico de la Universidad Iberoamericana Puebla.

Ciudad de Puebla, Pue. (Quinceminutos.MX). —Lo que comenzó como una escala aérea de tres horas terminó convirtiéndose en un vacío legal de más de dos semanas. El doctor Leonardo Ariel Escobar Barrios, académico de la Universidad Iberoamericana Puebla, denunció haber sido detenido de manera irregular por la Guardia Nacional, golpeado, incomunicado y posteriormente abandonado a su suerte, sin que existiera registro oficial de su detención.


El académico fue localizado con vida el viernes 16 de enero en un centro de rehabilitación del municipio de Juárez, Nuevo León, tras un operativo coordinado entre autoridades estatales y federales. Su aparición ocurrió mientras, en Puebla, se realizaban cierres viales y protestas para exigir a las autoridades acciones concretas para su localización.


Este lunes, a través de un video difundido en rueda de prensa, Escobar ofreció por primera vez su testimonio directo, luego de permanecer desaparecido desde el 31 de diciembre.


“Por primera vez quiero compartir mi testimonio de lo que ocurrió entre el 31 de diciembre y el 16 de enero. Se ha hablado desde muchas voces, pero esta es la primera vez que hablo desde la mía”, expresó.

De acuerdo con su relato, arribó al Aeropuerto Internacional de Monterrey para una escala antes de continuar su viaje a la Ciudad de México. Sin explicación clara, fue retenido por elementos de la Guardia Nacional y trasladado a una celda en el municipio de Apodaca, donde permaneció tres días privado de la libertad.


“Durante tres días estuve en una celda a la que fui llevado por la Guardia Nacional. Antes de eso fui golpeado, lo que me provocó la fractura de tres costillas, situación que está médicamente comprobada”, afirmó.

Escobar subrayó que nunca fue informado de los motivos de su detención, ni se le permitieron llamadas o asistencia legal. Más grave aún, aseguró que nunca apareció en el Registro Nacional de Detenidos.


“Nunca aparecí en ningún registro oficial. Estuve detenido tres días y legalmente no existí”, denunció.

Tras ser liberado, relató que intentó regresar al aeropuerto para concluir su viaje, pero nuevamente fue despojado de sus pertenencias y rechazado en la terminal aérea, quedando sin documentos, dinero ni comunicación.


“Fui inadmitido al aeropuerto por razones que desconozco. Después, la policía comenzó a alejarme cada vez más del lugar, dejándome totalmente vulnerable”, explicó.

El académico permaneció al menos cuatro días deambulando, sin acceso a alimentos ni agua, hasta quedar en condiciones críticas.


“Estuve sin comer, sin beber agua, sin recibir ayuda. Me refugié en la maleza para evitar morir por deshidratación”, relató.

Su localización se dio cuando una patrulla vinculada a una clínica de rehabilitación lo encontró inconsciente a la orilla de una carretera.


“No fue una decisión voluntaria. Me recogieron porque estaba al borde de la muerte. Gracias a ellos estoy vivo”, enfatizó.

Escobar rechazó versiones oficiales que señalaron que su ingreso al centro fue voluntario y denunció además un trato discriminatorio por su nacionalidad colombiana, particularmente por los registros migratorios obligatorios que, dijo, pudieron haber sido utilizados de forma indebida.


“Sentí que sabían datos económicos míos. No sé cómo los obtuvieron. Esto no es seguridad, es discriminación”, señaló.

Finalmente, agradeció el respaldo de la Universidad Iberoamericana Puebla, del Consulado y la Embajada de Colombia en México, así como de autoridades y colectivos ciudadanos que impulsaron su búsqueda.


“Este no puede ser un caso aislado. Lo que me ocurrió le puede pasar a cualquier persona que transite por un aeropuerto en México”, concluyó.

El caso ya es analizado por fiscalías estatales y federales, mientras organizaciones civiles advierten que los hechos evidencian fallas estructurales graves en los protocolos de detención, registro y atención humanitaria.

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