El 2025 cierra como uno de los años con más retrocesos para el periodismo en México, no sólo por la violencia que persiste, sino por algo igual de peligroso: la normalización del uso del aparato judicial como instrumento de intimidación. La censura ya no siempre llega con balas; cada vez más lo hace con carpetas de investigación, vinculaciones a proceso y delitos fabricados.

Hoy, el periodismo ha perdido espacios en los Medios Masivos de Comunicación y la Internet. A lo largo del año fuimos testigos de cómo los informativos fueron cediendo terreno a los boletines de prensa, la encuestitis y los números aprobatorios, hasta convertirse —en muchos de los casos— en sólo cajas de resonancia, sin cuestionamientos, sin contexto y sin el menor asomo de investigación.

La violencia que no cede

Mientras los tribunales se convierten en trincheras contra la prensa, la violencia física tampoco disminuye. En 2025 fueron asesinados al menos siete periodistas, entre ellos:

• Calletano de Jesús Guerrero (Edomex, enero)

• Kristian Uriel Martínez Zavala (Guanajuato, marzo)

• Raúl Irán Villarreal Belmont (Guanajuato, marzo)

• José Carlos González Herrera (Guerrero, mayo)

• Ángel Sevilla (Sonora, julio)

• Ronald Paz Pedro (Guerrero, julio)

• Miguel Ángel Beltrán Martínez (Durango, octubre)

México volvió a colocarse entre los países con mayor número de periodistas asesinados en América Latina, de acuerdo con registros internacionales y organizaciones como Reporteros Sin Fronteras.

El acoso como política

La violencia no se limita al plomo. ARTICLE 19 documentó 51 casos de acoso judicial contra periodistas y medios tan sólo entre enero y julio de 2025, un incremento de más del 140% respecto a años previos. Demandas, investigaciones fiscales, imputaciones penales y amenazas digitales conforman hoy un ecosistema de hostigamiento que busca lo mismo que antes buscaban las balas: silencio.

A esto se suman amenazas, doxxing, filtración de datos personales y campañas de desprestigio en redes sociales, muchas veces amplificadas desde estructuras de poder o toleradas por autoridades omisas.

Puebla: lavado de dinero en la prensa

En Puebla, el caso del periodista Rodolfo Ruiz Rodríguez es paradigmático. El pasado 23 de diciembre fue vinculado a proceso por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, un expediente que data de 2020, cuando el entonces gobernador Miguel Barbosa Huerta emprendió una ofensiva pública contra periodistas y actores políticos incómodos, a quienes —incluso— acusó de “platicar con delincuentes”.

La denuncia, presentada supuestamente “por la sociedad”, señala que Ruiz Rodríguez habría pagado tres millones de pesos en efectivo a su abogado, insinuando un origen ilícito del dinero. El caso permaneció congelado durante años. No avanzó. No fue prioritario. Hasta que 2025 lo revivió, justo cuando el portal e-consulta, del cual Ruiz es director, publicó investigaciones que incomodaron al poder: irregularidades en contratos gubernamentales, abusos sexuales en la clínica de salud mental El Batán, y el uso de la plataforma digital Nodica para posicionar artificialmente temas del gobierno estatal en redes sociales, sin el procedimiento administrativo correspondiente.

La coincidencia temporal no es menor. En México, la justicia selectiva también comunica mensajes.

Veracruz: terrorismo mediático

A nivel nacional, el caso del reportero Rafael León Segovia, detenido en Coatzacoalcos, Veracruz, antes de Navidad, confirmó que el problema no es local, sino estructural. Los cargos iniciales resultaron alarmantes: “terrorismo encubierto por favorecimiento” y delitos contra las instituciones de seguridad pública. La Fiscalía no explicó qué actos periodísticos podían encuadrar en un delito que ni siquiera tiene precedentes de aplicación en México.

La presión pública obligó a un ajuste. El 30 de diciembre, la fiscal general Lisbeth Jiménez Aguirre informó que el periodista fue vinculado a proceso, pero sin el cargo de terrorismo. Esto, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum pidiera explicaciones. Aun así, el daño ya estaba hecho.

Artículo 19 lo advirtió con claridad:

Las investigaciones judiciales siguen su curso y —aunque irregulares a todas luces—, como periodistas nos toca respetar el derecho a la duda y documentar cómo los jueces y tribunales concluirán los casos.

El saldo de 2025

El balance es demoledor: asesinatos, criminalización, acoso judicial, impunidad.

México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de zonas de guerra. Pero el dato más preocupante es otro: la persecución legal comienza a verse como algo normal.

Cuando investigar se castiga, cuando publicar se judicializa y cuando el Estado confunde crítica con delito, no sólo pierde la prensa. Pierde la sociedad entera.

Porque sin periodismo libre no hay democracia, y 2025 deja claro que en México esa libertad sigue bajo asedio.

Cuenta de X: @mecinas

Director de Quinceminutos MX