¡Adiós a las Pensiones Doradas! Diputados aprueban reforma que limita remuneraciones de servidores públicos

Ningún jubilado podrá tener una remuneración mayor al 50% del salario de la presienta de la República

Aprueban que las pensiones ya otorgadas deberán ajustarse al nuevo límite.

Ciudad de México. —La Cámara de Diputados de México aprobó, en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que reforma el artículo 127 de la Constitución Política, con el objetivo de establecer un límite a las jubilaciones y pensiones en el sector público.

En la votación en lo general, el dictamen fue respaldado por unanimidad con 458 votos, alcanzando la mayoría calificada. En lo particular, obtuvo 363 votos a favor, 64 en contra y 25 abstenciones. El documento fue turnado a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México para su análisis y eventual aprobación.

La reforma establece que las jubilaciones y pensiones del personal de confianza en organismos descentralizados, empresas públicas, sociedades nacionales de crédito y fideicomisos —tanto federales como estatales y municipales— no podrán exceder la mitad de la remuneración asignada a la persona titular del Ejecutivo Federal en el presupuesto correspondiente.

Además, se precisa que ningún instrumento jurídico o condición laboral podrá fijar beneficios por encima de este límite. Sin embargo, quedan excluidos de esta disposición las Fuerzas Armadas, los esquemas de ahorro individual para el retiro, los sistemas complementarios financiados con aportaciones sindicales y la pensión no contributiva prevista en la Constitución.

El dictamen incorpora también lenguaje inclusivo, sustituyendo términos como “presidente de la República” por “persona titular del Ejecutivo Federal” y “servidor público” por “persona servidora pública”. Para este 2026, el salario neto de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es de $134,290.00 pesos mensuales.

En el régimen transitorio, se establece que las pensiones ya otorgadas deberán ajustarse al nuevo límite, salvo aquellas que se encuentren dentro de las excepciones previstas. Asimismo, los entes públicos deberán revisar y adecuar contratos, disposiciones laborales y planes de retiro para alinearlos con la reforma.

El documento señala que los haberes de retiro previamente reconocidos se mantendrán en los términos en que fueron otorgados, mientras que las aportaciones futuras del Estado a sistemas de pensiones deberán respetar el nuevo tope.

El Congreso de la Unión de México y las legislaturas locales tendrán un plazo de 90 días naturales para armonizar su marco jurídico conforme a la reforma. Además, se estipula que su implementación no implicará ampliaciones presupuestales ni incrementos en gasto operativo.

Durante la discusión en lo particular, legisladores de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y Movimiento Ciudadano presentaron diversas reservas. No obstante, estas fueron retiradas, desechadas o enviadas para su publicación en el Diario de los Debates.