Cuatro claves para entender la Elección Judicial en México

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Este 1 de junio de 2025 marcará un parteaguas en la historia democrática de México. Por primera vez, el país vivirá una jornada que podría redefinir el funcionamiento del Poder Judicial, mediante un proceso inédito que busca democratizar su estructura, abrirla al escrutinio público y combatir la corrupción, el elitismo y la impunidad.

La Reforma Judicial, impulsada por los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo, ha generado críticas encendidas, pero también ha abierto un debate necesario sobre el papel real que ha jugado la justicia en México y quiénes han controlado históricamente sus decisiones.

El planteamiento, duramente criticado por sus opositores, se basa en los vicios históricos del sistema judicial:

enriquecimiento ilícito de jueces y magistrados, mientras las cárceles están llenas de inocentes o personas presas por delitos menores.

A estos males se suman los presos políticos, utilizados como moneda de cambio por los gobiernos estatales y federales, cada vez que un conflicto social incomodaba al poder o afectaba los intereses de sus socios y grandes inversiones.

La corrupción de magistrados, desde los tribunales de distrito hacia arriba, era conocida por los secretarios de juzgado, quienes redactaban las sentencias con rigor académico, pero que eran modificadas por los magistrados arbitrariamente según intereses personales o políticos.

Quienes hoy critican la reforma alegando que rompe la división de poderes, en realidad muestran que esta división ha sido una ficción funcional. Esta propuesta no esconde relaciones, sino que las transparenta, permitiendo su vigilancia ciudadana, lo cual representa un cambio estructural frente a los sobornos, regalos de lujo y resoluciones amañadas.

Entre 2018 y 2023, investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revelaron movimientos financieros irregulares entre jueces federales: ingresos no reportados, propiedades de lujo y claros indicios de enriquecimiento ilícito. El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) abrió procedimientos, algunos con sanciones administrativas, otros en proceso judicial.

Si algo se puede rescatar del viejo sistema, es su base trabajadora: los y las secretarias de juzgado, quienes, con profesionalismo, sacaban adelante los casos, a diferencia de muchos jueces y magistrados que torcían la ley según conveniencias.

Antes de que la reforma judicial se implemente por completo, es importante subrayar cuatro ejes centrales del cambio:

1. Mayor legitimidad democrática. Ahora los jueces serán elegidos por voto popular, lo cual los expone tanto al reconocimiento como al escrutinio social.

2. Reducción del elitismo judicial. Se busca romper con el sistema cerrado que ha favorecido a familiares y amigos dentro del Poder Judicial, promoviendo una rendición de cuentas real.

3. Rendición de cuentas. Los jueces que deseen reelegirse estarán más atentos a su desempeño y al sentir ciudadano, aunque también existe el riesgo de politización.

4. Humanización del Poder Judicial. La elección popular permite que el Poder Judicial sea visto como parte del pueblo, y no como un ente corrupto y distante, ciego, sordo e insensible.

En el México del siglo XXI, estos reacomodos políticos y sociales son reflejo de una descomposición institucional acumulada, pero también del hartazgo de un pueblo que cíclicamente retoma el control de su destino para romper el status quo y, en el camino, transformarlo todo.

Cuenta de X: @mecinas

Director de Quinceminutos MX