Desechan juicio político contra el ex gobernador de Puebla Mario Marín
Salvan además a Ulises Ruiz, Rodrigo Medina, Fidel Herrera y Mancera
Por prescripción, la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados, desechó en la sesión del miércoles 109 denuncias de juicio político interpuestas desde 2003 a la fecha en contra de ex gobernadores, jefes de gobierno y funcionarios públicos, entre quienes destacan Mario Marín Torres, de Puebla, Ulises Ruiz Ortiz, de Oaxaca y Rodrigo Medina Mora, de Nuevo León.
Lo anterior fue avalado por mayoría, tras considerar un total de 364 denuncias existentes, en términos del artículo 9 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Además, con 12 votos a favor, uno en contra y una abstención, los legisladores aprobaron que en 108 casos se elabore un resolutivo, excepto en el expediente del abogado Horacio Culebro Borrayas, quien interpuso una denuncia penal contra el exgobernador de Chiapas, Juan José Sabines Guerrero. Con ello, aseguraron, quedó a salvo el derecho de cualquier ciudadano de establecer denuncias y otro tipo de juicios o responsabilidad, aseguró.
Otros de los nombres que aparecían en la lista de juicios políticos pendientes se encuentran Miguel Ángel Mancera, Marcelo Ebrard y Alejandro Encinas, todos ellos jefes de gobierno del Distrito Federal, ahora Ciudad dde México.
Otras apuntaban a Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública y los ex gobernadores Ivonne Ortega, de Yucatán, Fidel Herrera de Veracruz y Emilio González, de Jalisco, por mencionar algunos.
Marín y el caso Cacho
En el caso de Mario Marín, el proceso de juicio político iniciado en 2005 tuvo origen en la detención de la escritora Lidya Cacho, quien fuera denunciada por el empresario poblano Kamel Nacif por daño moral, tras la publicación del libro "Los Demonios del Edén".
Las versiones periodísticas y un audio del caso apuntaron a que el mandatario había incurrido en conflicto de intereses al utilizar la fuerza pública y el aparato de gobierno a petición de un particular.
Al siguiente año del escándalo (2006) una de las víctimas presentadas en el libro, denunció a Cacho por daño moral debido a que la escritora utilizó sin consentimiento de la afectada su historia y su imagen para lucrar con ello.
