Chalchihuapan: una herida abierta
Una herida abierta que no ha podido cerrarse, tiene Puebla a dos años del enfrentamiento en San Bernardino Chalchihuapan. Abierta, porque las autoridades estatales no han cumplido con la totalidad de los 11 puntos recomendatorios emitidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y porque los agraviados no han querido aceptar las disculpas institucionales ni mucho menos olvidar la afrenta.
Un año antes, el ex secretario de Infraestructura, José Antonio Gali Fayad, había ganado la elección para la alcaldía de la ciudad de Puebla, sin embargo, carecía del control del municipio, ya que los presidentes de la Juntas Auxiliares tenían pleno dominio del Registro Civil, de la Policía Auxiliar y del manejo de recursos públicos a través de la gestión de obras, situación que generaba pequeños cotos de gobernanza los cuales llegaban a convertirse en contrapesos para el municipio.
En este contexto, en diciembre de 2013 fue aprobada la reforma a la Ley Orgánica Municipal, la cual estipulaba el retiro de las oficinas del Registro Civil de todas las Juntas Auxiliares, la concentración de los cuerpos de seguridad asignados a las comunidades y la anulación de facultades a los ediles auxiliares. El argumento era entonces, la supuesta falsificación de actas de nacimiento y presunta corrupción de autoridades comunitarias.
Sin embargo, la medida que estaba originada en el control político de la capital poblana, fue aprobada para los 217 municipios del estado, sin tomar en cuenta cantidad de población, comunidades, distancias ni mucho menos los usos y costumbres.
Meses después, una vez iniciadas las funciones de los nuevos presidentes municipales del estado, se fueron preparando los plebiscitos para renovar a las autoridades auxiliares en el mes de mayo. A la par, desde el Congreso del Estado fue presentada el 7 de mayo por el gobernador del estado y avalada el 19 del mismo mes la Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza Pública, mejor conocida como “Ley Bala”, la cual permitía el uso de “armas no letales” en manifestaciones, como recurso legítimo para salvaguardar la integridad de policías cuando se vieran amenazados por civiles.
Todo estaba puesto, cuando aquel miércoles 9 de julio, el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas enfrentó la primera protesta social real, seria, luego de tres años de gobierno caracterizados por la toma del control de la mayoría de los organismos del estado, incluidos además los poderes Legislativo y Judicial, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado y los órganos de transparencia.
El resultado, una batalla campal en la autopista Puebla-Atlixco que tuvo su punto álgido sobre el puente de Chalchihuapan, más de 40 policías lesionados, un número incuantificable de civiles heridos, un policía secuestrado, chivos expiatorios, un niño de 13 años muerto y la única recomendación por violaciones graves emitida por la CNDH en 2014.
* “La excelencia de un gobierno no se juzga por su orden”: Lao-tsé
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