Vinculan a proceso a mandos policiacos de seis municipios de Puebla por encubrimiento a grupos delictivos
- Felipe P. Mecinas
- hace 13 horas
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Durante las investigaciones descruben narcolaboratorio en Jopala que podría abastecer a Puebla y Veracruz
Ciudad de Puebla, Pue. (Quinceminutos.MX). — La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la vinculación a proceso de directores y secretarios de Seguridad Pública de seis municipios de Puebla, acusados de abuso de autoridad, encubrimiento e incumplimiento de un deber legal, al presuntamente favorecer la operación de grupos delictivos, entre ellos una organización dedicada a la producción de drogas sintéticas.
Durante la conferencia encabezada por el gobernador Alejandro Armenta Mier, la fiscal general Idamis Pastor Betancourt informó que los servidores públicos investigados pertenecen a los municipios de Jopala, Tlaola, Tlapacoya, Chietla, Tehuitzingo y Chila de la Sal, donde un juez determinó vincularlos a proceso tras valorar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público.
La fiscal explicó que las detenciones, realizadas entre el 10 y el 13 de julio, derivaron de una investigación sustentada en denuncias anónimas, entrevistas con testigos, análisis de información y documentación remitida a la Fiscalía, además de diversos actos de investigación que permitieron acreditar la probable responsabilidad de los imputados.
Como parte de la carpeta de investigación, la FGE incorporó información relacionada con el aseguramiento de laboratorios clandestinos localizados en Jopala y Chila de la Sal, elementos que fortalecieron la acusación presentada ante la autoridad judicial.
Continúan las investigaciones
La fiscal Idamis Pastor Betancourt indicó que las investigaciones continúan para determinar si existen más servidores públicos involucrados o posibles vínculos con organizaciones delictivas que operan en distintas regiones del estado.
El Gobierno del Estado y la Fiscalía reiteraron que mantendrán las acciones para depurar las corporaciones policiales municipales y sancionar a los funcionarios que incumplan con su responsabilidad de garantizar la seguridad y combatir a la delincuencia organizada.
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