Sin impunidad: la lupa sobre los alcaldes en Puebla
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- hace 4 horas
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En Puebla, el mensaje contra alcaldes y funcionarios con posibles vínculos delictivos comenzó a tomar forma desde 2025, cuando las detenciones de los hermanos Vieyra sacudieron el escenario político local. Aunque fue sorpresivo, las sospechas existían desde tiempo atrás por la libertad con la que operaban grupos delictivos en las carreteras que cruzan Tlachichuca, Ciudad Serdán y San Nicolás Buenos Aires, al grado de que la zona llegó a ser conocida como el Triángulo Naranja.
Si bien las suspicacias apuntaron inicialmente a un trasfondo político, por tratarse de alcaldes emanados de Movimiento Ciudadano, las acciones judiciales también alcanzaron a ediles vinculados con la 4T, como el presidente municipal de Cuautempan, Gerardo Cortés Caballero, quien tras darse a la fuga en mayo pasado fue finalmente capturado el 4 de febrero en Tlaxcala, acusado de extorsión.
Con una suerte similar, ese mismo mayo Alfredo Ramírez "La Yerba", alcalde de Ahuazotepec, huyó antes de que agentes ministeriales lograran detenerlo en su domicilio. El edil es investigado presuntamente por casos relacionados con huachicol y por su posible vínculo con un laboratorio de criptomonedas que operaba junto a la presa de Necaxa, en un inmueble rentado al SME —un caso que también salpica a personajes en otros niveles—.
El recuento viene a colación luego de que el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, confirmara que existen investigaciones abiertas contra otros presidentes municipales. Y podrían venir más detenciones.
No es un aviso menor. Es una advertencia pública. En un estado donde históricamente el poder municipal ha operado con amplios márgenes de discrecionalidad, el discurso oficial apunta a cerrar filas contra cualquier irregularidad. “No hay impunidad”, se dijo sin rodeos. Y cuando ese mensaje proviene del primer círculo del Gobierno del Estado, el impacto político es inmediato.
El tema no es solo judicial; es de credibilidad institucional. Cada alcalde bajo investigación erosiona la confianza ciudadana en los ayuntamientos, el primer contacto entre gobierno y sociedad. Si quienes administran recursos públicos enfrentan señalamientos por presuntos delitos, el golpe no es individual: es institucional.
La instrucción, aseguran, es clara: legalidad, responsabilidad y transparencia. La pregunta es si todos los presidentes municipales entendieron que el cargo no es escudo ni privilegio. En Puebla, al menos en este momento político, la lupa está encendida. Y nadie debería asumir que no puede alcanzarlo.
Cuando el poder agrede
En 2025, la Red Puebla de Periodistas documentó algo que no debería normalizarse en ninguna democracia: agresiones a periodistas cometidas por diputados locales. No se trata de señalamientos en redes sociales ni de desencuentros verbales aislados, sino de incidentes registrados, denunciados y condenados por organizaciones, donde representantes populares —electos para legislar y garantizar derechos— fueron señalados por vulnerar la libertad de expresión.
El Congreso del Estado no es un espacio privado; es la casa del debate público. Y cuando desde ese recinto se obstaculiza, intimida o agrede a periodistas por hacer su trabajo, el mensaje es devastador: el poder político se coloca por encima del escrutinio ciudadano. La prensa no es adversaria; es contrapeso. Y sin contrapesos, la democracia se debilita.
Sin embargo, el fenómeno proviene de distintos frentes. Entre los casos registrados por la Red también se menciona al Ejecutivo estatal, a presidentes y presidentas municipales, así como a elementos policiales. Las agresiones van desde intimidaciones, hasta ataques directos y denuncias penales. Una escalada sistemática contra la prensa, principalmente en la capital poblana, pero también en municipios como Acatlán de Osorio, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y Tehuacán.
Cuenta de X: @mecinas
Director de Quinceminutos MX
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