Sheinbaum rompe con la política de “abrazos, no balazos”
- Quinceminutos.MX
- hace 10 horas
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La caída de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes no es sólo un golpe táctico contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Es, sobre todo, un parteaguas que marca un antes y un después en la lucha contra los cárteles del narcotráfico en México. Y, sin rodeos, representa la ruptura más clara con la fallida estrategia de “abrazos, no balazos” que definió al sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Es cierto cuando en los discursos de este lunes se habla de la omisión de los gobiernos del pasado, no se alude únicamente al de Felipe Calderón, que combatió a unos grupos y protegió a otros, ni al de Enrique Peña Nieto, que optó por administrarlos. Durante el sexenio anterior se insistió, con demagogia, en que la estrategia no era confrontar, sino “atender las causas”, y se repitió que “la violencia sólo genera más violencia”.
El resultado está documentado: expansión territorial de los cárteles, diversificación de actividades criminales, control de economías locales, infiltración de instituciones y la aparición de narcocandidatos y narcogobiernos, principalmente en el ámbito municipal. La promesa de pacificación terminó por traducirse, en los hechos, en la entrega de amplias regiones del país al crimen organizado.
No se trata sólo de percepción. Un caso emblemático —apenas la punta del iceberg— es el de “La Operativa Barredora”, cuya creación ha sido atribuida a Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad en Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández. El señalamiento no es menor: habla de estructuras paralelas que, lejos de combatir al crimen, lo reorganizaban o lo administraban.
El poder acumulado por los grupos criminales como el CJNG quedó expuesto en múltiples frentes. En Michoacán, los productores de limón denunciaron durante años extorsiones sistemáticas; el control del precio y la distribución no lo marcaba el mercado, sino la ley de las balas. El asesinato en 2025 de Bernardo Bravo, líder de limoneros de Apatzingán, seguido del asesinato del alcalde de Uruapan Carlos Manzo, evidenció hasta qué punto el narco se había incrustado en la vida pública.
El estado de Puebla no se queda atrás. La infiltración del crimen organizado en las alcaldías ha derivado en la detención de personajes que hoy podrían estar en funciones; sin embargo, mediante la estrategia de seguridad y a la coordinación con la Federación y el gobierno estatal, algunos de ellos —como los hermanos Vieyra, alcaldes de Tlachichuca, Ciudad Serdán y San Nicolás Buenos Aires— han sido puestos tras las rejas.
Cabe mencionar también el caso de Juan Lira, “El Moco”, quien se declaró ganador de las elecciones en Chignahuapan en 2024 e incluso recibió las instalaciones municipales, lo que motivó una operación política que finalmente evitó su llegada al poder. Otros, como Alfredo Ramírez, “La Hierba”, que logró el triunfo electoral en Ahuazotepec y asumir el cargo por unos meses, ahora se encuentra prófugo.
A eso se suma la permanencia en cargos de elección popular de personajes con antecedentes o señalamientos de vínculos delictivos: los llamados narcopolíticos, una figura que dejó de ser metáfora para convertirse en realidad cotidiana.
En ese contexto, el operativo contra “El Mencho” adquiere otra dimensión. No es únicamente la neutralización de un líder criminal; es la señal de que el Estado mexicano vuelve a ejercer la fuerza legítima que le corresponde. Es el reconocimiento implícito de que la estrategia anterior fracasó: no trajo paz, no debilitó a los cárteles y no recuperó territorios, por el contrario, se los entregó.
La reacción violenta del CJNG tras el operativo confirma algo más profundo: el crimen organizado había operado con márgenes de comodidad, como se confirmó en Puebla, donde —de acuerdo con el secretario de Seguridad, el vicealmirante Francisco Sánchez—, operan el narcomenudeo y el huachicol en norte, centro y sur del estado.
Hoy, la estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum parece apostar por algo que el país reclamaba desde hace tiempo: autoridad sin titubeos. No se trata de volver a la llamada Guerra contra el Narco —que no fue sino una forma para intimidar a unos y callar a otros—, sino de entender que sin aplicación firme de la ley, no hay política social que alcance, ni Estado de derecho.
La sacudida de realidad con la que se vivió el domingo 22 y la tensa calma del 23 de febrero —con todo y suspensión de clases—, han marcado ya un antes y un después para México. Un país que lleva más de 30 años buscando reconstruirse y que hoy parece haber reencontrado el rumbo correcto.
Cuenta de X: @mecinas
Director de Quinceminutos MX
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