Interpol activa ficha roja contra Rubén Rocha Moya y otros nueve investigados por vínculos con Cartel de Sinaloa

Las órdenes derivan de una solicitud de Estados Unidos y podrían activar detenciones fuera de México

El organismo lanza la búsqueda de los diez exfuncionarios de Sinaloa.

Ciudad de México (Quinceminutos.MX).— La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que ya se encuentran activas las fichas rojas de Interpol contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, luego de que autoridades de Estados Unidos emitieran órdenes de aprehensión relacionadas con presuntos vínculos con el crimen organizado.

La mandataria explicó que la activación de estas alertas internacionales deriva directamente de los procedimientos iniciados por el gobierno estadounidense y precisó que su alcance opera principalmente fuera del territorio nacional.

“Hay una orden de aprehensión por parte del Gobierno de Estados Unidos, eso hace que se alerten fichas rojas por parte de Interpol; si llegaran a salir de México, otros países podrían detenerlos”, señaló durante su conferencia en Palacio Nacional.

La ficha roja de Interpol es un mecanismo de localización internacional que permite alertar a autoridades de más de 190 países sobre personas buscadas para fines de detención provisional o procesos de extradición.

La activación de estas alertas ocurre casi un mes después de que autoridades estadounidenses señalaran a 10 políticos y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con estructuras del narcotráfico y operaciones relacionadas con el Cártel de Sinaloa. Entre los nombres mencionados figuran funcionarios de áreas de seguridad, finanzas y procuración de justicia.

Entre los señalados aparecen el senador Enrique Inzunza, el exsecretario de Finanzas Enrique Díaz Vega y el exsecretario de Seguridad Gerardo Mérida Sánchez —estos dos últimos ya entregados voluntariamente a EUA—, además de mandos policiales y autoridades municipales de Sinaloa.

Paralelamente, autoridades mexicanas mantienen abiertas investigaciones financieras y ministeriales relacionadas con los señalados. En días recientes también se confirmó el congelamiento preventivo de cuentas bancarias vinculadas con parte de los investigados como medida de control financiero, aclarando que ello no implica una resolución definitiva sobre responsabilidades.