Gobierno de Puebla prepara reformas para frenar al “Cártel del Despojo” tras denuncias en San Andrés Cholula

El coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, confirma que ya tienen identificados a los jueces y magistrados que participaron

Rueda de prensa del gobernador Alejandro Armenta.

Ciudad de Puebla, Pue. (Quinceminutos.MX). —Ante los recientes casos de despojo ilegal de viviendas en San Andrés Cholula, el gobierno del estado de Puebla respaldará a las víctimas y alista una iniciativa de reforma al Código Penal para sancionar a quienes, mediante fraudes judiciales y complicidades institucionales, han despojado de sus propiedades a familias enteras. Así lo dio a conocer José Luis García Parra, coordinador del Gabinete estatal, en conferencia encabezada por el gobernador Alejandro Armenta.

García Parra confirmó la existencia de la red delictiva conocida como “Cártel Inmobiliario” o “Cártel del Despojo”, originada en Oaxaca durante el gobierno de Alejandro Murat, que ha extendido sus operaciones hasta Puebla.

“Hemos detectado en el distrito judicial de Cholula a diversas personas, entre jueces, magistrados y hemos detectado que han tenido participación y contacto con estos grupos que han realizado este tipo de acciones. Ya los tenemos detectados. Estamos armando perfectamente bien todo, para poder proceder”, afirmó.

El caso más reciente involucra un acto jurídico ilegal en el que participaron autoridades judiciales de Oaxaca, quienes emitieron una sentencia basada en un juicio mercantil simulado y la remitieron a juzgados poblanos. Mediante este proceso, se adjudicó de forma fraudulenta un inmueble ubicado en la colonia Gobernadores, bajo el argumento de que los acusados ofrecieron el predio como pago de una deuda inexistente, pese a que no se acreditó legalmente la propiedad.

Entre las víctimas se encuentra Juana Santos, esposa del activista en redes conocido como @abgdeltrabajo, quien denunció que su vivienda fue despojada pese a contar con un crédito vigente con el Infonavit, pagos al corriente y carta de libre gravamen. “Falsamente dijeron que nuestra casa era un terreno baldío”, señaló a través de sus redes sociales.

Otro afectado, Mauricio, narró que el pasado 16 de julio, un vecino lo alertó sobre el desalojo. “Esto fue por orden de un juez de Oaxaca, que adjudicó nuestras casas a una deuda de personas que ni siquiera conocemos”, explicó. Dijo que el juicio, según supo después, fue radicado en Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca, hace dos años, sin que jamás hubiera recibido notificación alguna.

Ante esta situación, el gobierno estatal prepara una iniciativa de reforma legal para tipificar con mayor precisión y castigar severamente delitos relacionados con la usurpación de identidad de propietarios, la simulación de representación legal, y la complicidad notarial en actos de fraude y despojo.

García Parra subrayó que ya se integran las pruebas necesarias para proceder judicialmente contra los responsables, incluso dentro del Poder Judicial en Puebla, donde se ha detectado colaboración directa con esta red delictiva.