Disputa por el control de la vida pública y privada en Puebla

Quien controla el territorio, controla la vida pública y privada, advirtió el gobernador Miguel Barbosa en una de sus mañaneras de la semana pasada. La madrugada anterior de sus declaraciones, había ocurrido la ejecución de cinco presuntos narcomenudistas en Ciudad Serdán.

Entre los asesinados aquel jueves, estaba una mujer y tres hombres que quedaron tirados en una calle de la junta auxiliar de La Gloria y uno más, en la cabecera municipal, que fue asesinado en su recámara. El mensaje de impunidad y toma de control fue claro. El alcalde Uruviel González Vieyra nunca salió a decir algo sobre lo ocurrido en la demarcación que administra.

Tres días antes, con la misma saña y la misma forma de operar, fueron asesinados dos policías municipales de Tepeaca, a quienes les robaron las armas y les quitaron la patrulla, misma que horas más tarde fue abandonada y, según nos cuentan, los agresores la dejaron con algo más que un mensaje en la batea. El gobierno de José Huerta Espinoza ni siquiera pudo hacer de manera pública el homenaje a los caídos.

La noche del pasado martes, 10 integrantes de una familia fueron asesinados en un ataque en Atlixco. La violencia -se dijo- se desató por una disputa entre células del crimen organizado que, entre otros ilícitos, opera el narcomenudeo.

El Pueblo Mágico ha enfrentado por años la disputa entre bandas locales que se han dedicado a la distribución de drogas e incluso, habían ocurrido pleitos entre éstas, pero nunca algo como lo registrado este 8 de marzo.

La preocupación y el temor de los atlixquenses es fundado. Apenas en enero los comerciantes de la zona centro comenzaron a recibir llamadas de extorsión que les urgían el cobro de piso y los mensajes -decían- eran del CJNG. Aunque en su momento la alcaldesa Ariadna Ayala minimizó la situación, este miércoles terminó aceptando que hay una disputa por la plaza. El gobernador lo había ya confirmado horas antes, al referir, además, la intromisión de un grupo delictivo con presencia a nivel nacional.

Antes de los casos de Serdán, Tepeaca y Atlixco la violencia estalló en Acatzingo, donde un nuevo grupo llegó a instalarse en enero y comenzó con la “limpia” que concluyó con la ejecución de “El Tabique”, presunto líder huachicolero, del narcomenudeo, extorsión y secuestros en la zona. En el pueblo se dijo que se trató de una traición.

Un poco más atrás, en noviembre de 2021, ocurrió la ejecución de ministeriales en Tecamachalco. Ese día -informó la versión oficial- los agentes fueron atacados por municipales, después se supo que el ataque habría sido encabezado por Alejandro Santizo, el secretario de Seguridad Pública Municipal, hoy preso.

Hasta antes de este caso, la violencia se había mantenido como siempre en la zona: huachigas, robo a trenes, robo a camiones de carga, venta de droga, mercado negro, robo de vehículos, extorsión a comercio, etc., pero cada quien en su territorio, en un pacto no escrito de respeto entre bandas.

Algo pasó después de que Tecamachalco se quedó sin policía y requirió el apoyo de la Guardia Nacional. Si bien no se han registrado mayores incidentes de violencia en el municipio, se mantienen los delitos y la ola delictiva se ha extendido a territorios vecinos.

Basta recorrer unos cuantos municipios para darse cuenta que hay una nueva banda en las carreteras del Triángulo Rojo y que ya se ha apoderado del territorio. Al parecer, es ésta misma la que se está metiendo a otras regiones estratégicas como lo son Serdán-Esperanza, la zona conurbada de Puebla y el Valle de Atlixco-Matamoros.

En medio de lo que está ocurriendo en el estado, es preciso hacer las siguientes preguntas:

¿Qué ocurrió con Alejandro Santizo, con todos sus años de experiencia, para supuestamente confundir y ejecutar a dos ministeriales enfrente de la iglesia del pueblo?