De la red de Luz y Fuerza al huachicol eléctrico: granjas de criptomonedas sacuden al SME en Puebla
Los disidentes sindicales ponen el dedo sobre el dirigente Martín Esparza y otros líderes, entre ellos el diputado morenista Miguel Márquez Ríos
En 2025 y 2026 fueron desmanteladas instalaciones de criptominería en Juan Galindo y Tlaola, a pocos kilómetros del sistema hidroeléctrico de Nuevo Necaxa. La primera funcionaba dentro de un inmueble del SME; la segunda en un inmueble particular. La FGR mantiene abiertas investigaciones para determinar quién operaba las instalaciones y cómo obtenían la electricidad
Ciudad de Puebla, Pue. (Quinceminutos.MX). —En la Sierra Norte de Puebla, donde durante más de un siglo la generación hidroeléctrica convirtió a Nuevo Necaxa en uno de los principales enclaves eléctricos del país, una nueva actividad comenzó a consumir cantidades extraordinarias de energía: la minería de criptomonedas.
Entre enero de 2025 y septiembre de 2026, autoridades desmantelaron al menos dos grandes instalaciones de criptominería, una en la cabecera municipal de Juan Galindo y la otra en el municipio de Tlaola, ambas ubicadas en el entorno del sistema hidroeléctrico de Necaxa y señaladas por el uso de conexiones eléctricas irregulares.
La primera instalación se encontraba dentro de un inmueble del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en Nuevo Necaxa, Juan Galindo. La segunda fue localizada en un predio particular de Tlaola y terminó revelando una operación de una dimensión mucho mayor a la inicialmente calculada: 1,032 equipos especializados, cinco transformadores, 95 switches, antenas de comunicación y cableado de potencia.
Lo que une ambos episodios no es que la minería de criptomonedas sea ilegal por sí misma. El caso es investigado por delitos relacionados con su operación: cómo se alimentaban de electricidad esas instalaciones, quién estaba detrás de las conexiones utilizadas para mantenerlas funcionando y si es lícito el producto obtenido.
Una granja dentro del corazón del SME
El primer caso salió a la luz el 31 de enero de 2025, cuando elementos de la Secretaría de Marina, Guardia Nacional y personal de la Comisión Federal de Electricidad intervinieron instalaciones ubicadas en Nuevo Necaxa, municipio de Juan Galindo.
El inmueble era la sede de la División Necaxa del SME, situada a unos metros de la presidencia municipal. Dentro del salón de usos múltiples se encontraron equipos de cómputo utilizados para criptominería y transformadores trifásicos de 225 kVA.
Los reportes documentaron que los equipos estaban conectados mediante infraestructura que permitía el suministro irregular de electricidad. La intervención terminó con el corte de las conexiones y el retiro de parte de la infraestructura eléctrica.
En abril de 2025, el secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González, informó que se habían localizado otras instalaciones de criptominería en la región y que se investigaría al SME para deslindar responsabilidades.
El pasado eléctrico vuelve al centro de la investigación
La historia de estas granjas se cruza inevitablemente con la desaparición de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) en 2009.
El cierre de la empresa dejó una profunda huella en Juan Galindo y en la zona de Necaxa, históricamente vinculada al SME. En 2015 surgió Generadora Fénix, una empresa constituida por la portuguesa Mota-Engil y el Sindicato Mexicano de Electricistas, que asumió la operación de centrales hidroeléctricas, entre ellas la de Necaxa.
Ese antecedente es relevante porque las granjas no aparecieron en cualquier lugar.
A pocos kilómetros se encuentran las presas, plantas, canales y líneas que integran el Sistema Hidroeléctrico de Necaxa, infraestructura que durante décadas estuvo bajo operación de Luz y Fuerza del Centro y que posteriormente pasó al esquema de Generadora Fénix.
La proximidad a esa infraestructura convirtió a la región en un punto particularmente atractivo para una actividad que requiere grandes cantidades de electricidad y sistemas permanentes de enfriamiento.
Tlaola: el salto de decenas a más de mil máquinas
En septiembre de 2026 apareció el segundo capítulo. La operación fue detectada en una comunidad de Tlaola, en una zona boscosa de la Sierra Norte. Inicialmente, las autoridades informaron del hallazgo de alrededor de 300 equipos GPU, un transformador de pedestal, unas 80 terminales de media tensión y antenas de internet satelital.
Pero el segundo cateo modificó radicalmente la dimensión del caso. El 11 de septiembre, durante una diligencia encabezada por la FGR con participación de Marina y otras autoridades, se contabilizaron 1,032 equipos de posible criptominería dentro del mismo inmueble. También fueron asegurados 95 switches, cinco transformadores, tres antenas satelitales, una antena de microondas, un compresor de aire y cableado de potencia.
La infraestructura encontrada permite dimensionar la complejidad de la instalación: no eran simplemente cientos de computadoras conectadas en una habitación. Había sistemas eléctricos, comunicaciones, transformación de energía y mecanismos para mantener operativos los equipos de manera continua.
La FGR investiga el origen del suministro eléctrico, quién operaba el inmueble y qué ocurrió con los activos virtuales que pudieron generarse. A pesar de las evidencias, hasta la fecha las autoridades no han reportado detenidos por este aseguramiento.
De acuerdo con lo informado por el secretario de Seguridad Pública estatal la electricidad de la instalación provenía del entorno del Sistema Hidroeléctrico Necaxa, por lo que la investigación formal corresponde a las autoridades federales.
Las acusaciones contra dirigentes del SME
El alcance político y sindical apareció después de que ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro agrupados en el Frente Amplio de Unidad presentaran denuncias ante la FGR contra dirigentes del SME.
En junio de 2025, los disidentes del sindicato señalaron como responsable a Martín Esparza Flores, secretario genera del SME y exdiputado federal, y mencionaron también a otros integrantes de la organización, entre ellos Román Olvera García, dirigente de la División Necaxa, José Humberto Montes de Oca Luna, secretario del Exterior Sindicato Mexicano de Electricistas Ciudad de México, y al ex secretario de Fomento a la Salud y Previsión Social del SME y actual diputado local en Puebla por Morena, Miguel Márquez Ríos.
En el caso de Miguel Márquez, el secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla, Francisco Sánchez González, afirmó la semana pasada que la SSP no cuenta con elementos para vincular al diputado directamente con la instalación de Tlaola.
Para Martín Esparza no es el primer escándalo que enfrenta. En 2012 fue señalado por el ex tesorero del Comité Central del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Alejandro Muñoz Reséndiz, de haber desviado dos millones de pesos mensuales entre 2006 y 20012 para apoyar a Andrés Manuel López Obrador. Hasta esa fecha, el exfuncionario electricista calculaba una suma de 66 millones de pesos. Los recursos habrían servido para financiar el plantón de Reforma y el movimiento de apoyo al entonces excandidato presidencial.
La historia que queda por reconstruir
Tras la sucesión de hallazgos la FGR tendrá que establecer quién rentó o poseía los inmuebles, quién pagó las adecuaciones, quién instaló los transformadores y conexiones, quién proporcionaba el servicio de internet, quién controlaba los equipos y hacia qué cuentas o billeteras digitales se enviaban los activos generados.
También tendrá que determinar si existe alguna relación entre la instalación descubierta en el salón de usos múltiples del SME en Nuevo Necaxa y la megagranja localizada posteriormente en Tlaola.
La dimensión del segundo hallazgo transformó un caso que parecía aislado, en una investigación regional sobre electricidad, infraestructura hidroeléctrica, criptomonedas y el patrimonio surgido tras la extinción de Luz y Fuerza del Centro.
Por ahora, los hechos documentados permiten establecer una secuencia: una primera operación fue desmantelada en instalaciones del SME en Juan Galindo en enero de 2025; meses después aparecieron otros casos en la misma región; y en septiembre de 2026 las autoridades encontraron en Tlaola una instalación con 1,032 equipos —La más grande de todas—.
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