Chocan pobladores y policías estatales por perforación de pozo de agua en San Miguel Xoxtla
Habitantes y activistas de otros municipios frenan nuevamente los trabajos en el parque Pavigi y exigen detener el proyecto
San Miguel Xoxtla, Pue. (Quinceminutos.MX). —En un enfrentamiento entre activistas del agua y granaderos de la Policía Estatal escaló este miércoles la disputa por la perforación del pozo en el parque Pavigi de de San Miguel Xoxtla, obras que habían sido retomadas por la mañana a fin de atender el desabasto de agua que enfrenta el municipio desde hace varios años.
Los opositores al proyecto, alertaron que desde las 04:00 de la madrugada el predio había sido tomado por el gobierno del estado con apoyo de elementos de Seguridad Pública, señalando un intento de saqueo del agua.
Al respecto, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó mediante un comunicado que se había recuperado el predio donde se ubica el pozo Pavigi, inhabilitado desde octubre de 2025, y que el SOAPAP pretendía reanudar los trabajos para mejorar el suministro de agua en el mismo municipio.
Con el transcurso de las horas, los pobladores convocaron a una asamblea comunitaria a fin de organizarse para frenar los trabajos, al considerar de que únicamente el pueblo puede decidir sobre el agua y afirmar intereses ajenos a la comunidad pretende llevarse el agua para abastecer a la ciudad de Puebla.
La Segob confirmó que la toma del predio había sido realizada con la participación de personal del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP), de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDH) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). En el sitio también fecuperadas herramientas y maquinaria que se encontraban retenidas desde el año pasado.
Precisó que el propósito de reanudar los trabajos es “mejorar, a la brevedad, el suministro de agua potable en las localidades, colonias y barrios de San Miguel Xoxtla”.
Los pobladores de San Miguel Xoxtla fueron respaldados por activistas de otros municipios como San Pedro Cholula, Coronango, Tlaltenango y Juan C. Bonilla, quienes acudieron al llamado para impedir las obras.
Fue así como en las primeras horas de la tarde, los opositores al proyecto irrumpieron en el parque y frenaron los trabajos de perforación, además de intentar sellar el pozo, con tierra y objetos que lanzaron al interior, en rechazo total a la extracción de agua.
Tras varias horas de tensión, personal de Gobernación instaló una mesa de diálogo con los pobladores. Como parte del acuerdo, la maquinaria y los elementos de seguridad fueron retirados después de las 19:00 horas.
Sin embargo, los habitantes mantienen su rechazo al proyecto y emprendieron una recolección de firmas para solicitar la revocación de mandato a la presidenta municipal, Guadalupe Ortiz Pérez.
Alcaldesa advierte intereses políticos
Mediante un mensaje institucional, la alcaldesa sostuvo que San Miguel Xoxtla enfrenta una crisis de agua que se arrastra desde hace más de tres décadas y aseguró que trabaja con autoridades estatales y federales para encontrar una solución.
“Nuestra postura ha sido y seguirá siendo clara: no buscamos quitarle el agua a Xoxtla. Buscamos que Xoxtla tenga más agua”, afirmó.
Ortiz Pérez sostuvo que el proyecto Pavigi fue planteado para atender directamente la falta de líquido que padecen las familias y rechazó las versiones de que el municipio perderá el control del recurso.
“No es como lo dicen. No se vende el agua. Lo que hoy estamos buscando es agua para Xoxtla”, dejó en claro la presidenta municipal al defender la intervención del SOAPAP, ante la infraestructura insuficiente para cubrir las necesidades actuales.
La munícipe también rechazó que las líneas de conducción del nuevo proyecto estén diseñadas para llevar el agua hacia Puebla capital. Señaló que éstas se conectarían con las redes primarias del municipio para atender a la población local.
“Xoxtla tiene un problema de desabasto de agua, por una mala distribución, por una nula infraestructura, porque ningún gobierno municipal le ha apostado y porque hoy nos damos cuenta que solos no podemos. A todas las familias, podemos no estar de acuerdo en muchos puntos, pero la problemática y la necesidad existe, es real y tenemos que dar solución”, precisó.
La alcaldesa, además, acusó que grupos ajenos al municipio han intervenido en el conflicto y evidenció el un ambiente de tensión alrededor de la obra. Su gobierno ha defendido que la discusión debería centrarse en resolver el déficit de agua y no en una disputa política.
“Hoy, lamentablemente, hemos permitido que gente ajena a la realidad que vivimos esté tomando decisiones por nosotros. Hoy hemos permitido que un pequeño grupo esté tomando la decisión y la manipulación que responde a intereses personales y aspiraciones políticas”, refirió.
El conflicto por los pozos en Xoxtla se mantiene desde 2024, cuando habitantes comenzaron a protestar contra trabajos de perforación y cuestionaron la extracción de agua del municipio, asegurando que sería para llevarse el agua del pueblo, e impidieron por primera vez las obras.
En octubre de 2025, habitantes bloquearon los accesos al predio de la Unidad Deportiva Pavigi para impedir el ingreso de maquinaria enviada para iniciar la perforación. En aquella ocasión también hubo presencia de policías estatales para resguardar la zona.
Los vecinos argumentaron entonces que no existían condiciones suficientes para garantizar que el agua permanecería en Xoxtla y expresaron su temor de que el recurso terminara destinado a Puebla capital. Además de que la empresa carecía de permisos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
La inconformidad se mantuvo durante los meses siguientes. En febrero de 2026, habitantes acudieron nuevamente al Ayuntamiento para exigir el retiro de maquinaria que permanecía en la Unidad Deportiva y reiteraron su rechazo al proyecto.
El conflicto llega a los tribunales
Luego de aquella primera movilización en contra de las obras, la empresa Concesiones Integrales —comercialmente conocida como Agua de Puebla para Todos—, presentó denuncias contra Pascual Bermúdez Chantes y otros pobladores por delitos como daño en propiedad ajena y despojo.
El 22 de agosto de 2025, un juez de oralidad penal del distrito de Cholula resolvió exonerar a Bermúdez de esos cargos, al considerar que las pruebas presentadas por la empresa no acreditaban la existencia de un delito.
No obstante, en septiembre de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Pascual Bermúdez y al activista Renato Romero Camacho dentro de la causa penal 545/2025, por el presunto delito de ataques a las vías generales de comunicación, relacionado con las protestas y el bloqueo de la autopista México-Puebla.
Activistas y colectivos de derechos humanos han denunciado que estos procesos forman parte de una estrategia de criminalización de quienes se oponen a los proyectos de extracción y distribución de agua, mientras que las autoridades han sostenido que parte de la resistencia se debe a información incorrecta sobre el destino del recurso hídrico.
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