Desde marzo del 2017 la Auditoría Superior del Estado no ha reportado el estado de cuentas de los presidentes municipales, pero pronto, en la antesala de las campañas electorales, podrían aplicarse nuevas sanciones administrativas.

En busca de una diputación federal o local, hasta ahora suman cuatro los presidentes municipales que han pedido licencia para participar como aspirantes en las precandidaturas del Revolucionario Institucional, sin embargo, no todos ellos cuentan con un historial claro en el uso de las finanzas públicas y de esto podría depender el triunfo o la derrota para el 1 de julio.

De acuerdo con lo publicado en la página de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Juan Enrique Rivera Reyes de Chignahuapan y Néstor Camarillo Medina enfrentan un Inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades (IPDR), derivado de su primer año de gobierno, el único que ha sido fiscalizado hasta ahora por el organismo.

A los dos munícipes les fue dictada esta sanción durante la sesión del 1 de marzo del 2017, luego de que no lograron acreditar el uso de algún recurso público ejercido entre el 15 de febrero y el 31 de diciembre del 2014.

Camarillo Medina va en busca de la diputación federal por el Distrito 4 con cabecera en Ajalpan, mientras que Rivera Reyes quiere una curul en San Lázaro como representantes del Distrito 2 perteneciente a la región de Zacatlán.

Los otros dos en buscar una candidatura son Juan Navarro Rodríguez de Ciudad Serdán, que corresponde al Distrito 8 y Joel Díaz Ramírez, presidente municipal de Santa Rita Tlahuapan, quien el fin de semana pidió licencia para ir en busca de la candidatura a diputado local, también por el tricolor.

Estos últimos tienen sus respectivas cuentas aprobadas por la Auditoría, al menos en lo que se refiere a su primer año de gobierno. En el caso de Juan Navarro, su cuenta fue analizada ante el Congreso del Estado desde el 9 de diciembre del 2016, convirtiéndose en uno de los primeros alcaldes en alcanzar el aval de la ASE, mientras que Díaz Ramírez obtuvo la aprobación únicamente tres meses después, el 1 de marzo del 2017.

El tema de la auditoría no es para menos, puesto que el organismo no ha reportado resultados de las revisiones a los ejercicios fiscales del segundo, tercero y cuarto años de gobierno. Es más, la siguiente revisión que será llevada ante del Congreso del Estado podría darse antes o durante las campañas electorales, por lo que no deben perderse de vista los tiempos y los pendientes administrativos dejados por los munícipes.

Hasta el momento estos cuatro alcaldes son los únicos que han decidido moverse de sus cargos, sin embargo, aún faltan los emanados de otras corrientes políticas, quienes aún esperan las convocatorias partidistas.

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