Fiscalías, Congresos y autonomía
En México, los estados de la República están obligados por ley a tener fiscalías generales autónomas, es decir, órganos de impartición de justicia que ya no dependan directamente de las o los gobernantes en turno, evitando así que las investigaciones del ministerio público sean realizadas bajo criterios políticos y no jurídicos.
La actual década ha sido clave para llegar a este punto, sin embargo, a pesar de las últimas reformas constitucionales de 2018, las fiscalías estatales siguen estando bajo la dinámica de los poderes ejecutivos de cada entidad. Es aquí en donde las soberanías populares de cada Congreso local deben intervenir para lograr legalidad, transparencia e imparcialidad, fortaleciendo a estas instancias de cuatro formas.
Es muy importante que exista una auténtica autonomía presupuestaria. Esto permitirá que, además de suficiencia para la operación y la construcción de instituciones sólidas en los estados, se rompan las ataduras de mecanismos coercitivos que provocan que se retenga sistemáticamente la dispersión de los recursos destinados a las fiscalías en las tesorerías de las y los Gobernadores.
Además, se debe garantizar que sean las y los mejores juristas con experiencia técnica y administrativa, así como con probada vocación, quienes lleguen a ser fiscales generales, lo que abonará en la autonomía de su actuar; lo anterior, debido a que habrán sido nombrados o nombradas bajo convocatorias públicas y procesos transparentes y ampliamente observados por la Soberanía Popular y la sociedad civil organizada.
Sin duda, la existencia y priorización del Servicio Profesional de Carrera es vital para la autonomía y buen funcionamiento de las fiscalías generales. Y es que mientras se garantice la llegada de las y los mejores funcionarios en las distintas áreas, y se les brinde capacitación permanente, se garantizará un comportamiento justo y ético en el organismo. Más allá de una nomenclatura, aquí la carrera profesional debe ser una prioridad que lleve a la depuración y al fortalecimiento de la honestidad en instituciones de este tipo empezando por altos mandos, agentes investigadores y ministerios públicos.
No puede faltar, en el impulso que deben tener las fiscalías generales autónomas del país, la institucionalización de mecanismos de participación ciudadana; en otras palabras, que haya esquemas establecidos en las normatividades internas e incluso en las leyes para que intervengan representaciones sociales como observadoras y fiscalizadoras permanentes del trabajo del ministerio público, y que además puedan opinar y señalar conflictos éticos y de procedimiento.
*El autor, es Presidente del Colegio de Profesionistas Compartir Conocimiento A.C.
