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Encubren ecocidio del bosque de encinos en La Calera


Vecinos de fraccionamientos exclusivos responsabilizan al exalcalde y lo denuncian ante la PGR

Con un track-track-track que estremece el bosque de La Calera, los trascabos entierran sus palas y remueven el tepetate que desprende un profundo olor a humedad. Una decena de obreros se apresura a dar paso a los camiones de volteo que suben el cerro, mientras otros tantos colocan planchas de cemento sobre el área recién apisonada por las máquinas aplanadoras.

A un lado, se encuentra un letrero con sellos de clausura de la Profepa y la Semarnat que fueron colocados hace casi medio año, pero nadie les hace caso, tampoco ninguna autoridad ha llegado desde entonces para cerciorarse de que la construcción de 12 mil residencias se haya detenido.

Hace unas semanas, subieron camiones con más materiales para construcción y luego los obreros se fueron, dejaron sólo un trascabo abandonado, pero a la semana siguiente, todos volvieron y reanudaron sus trabajos.

Se trata de la segunda etapa de un proyecto inmobiliario iniciado desde hace ocho años sobre la reserva ecológica. Han pasado tantos años, que ya casi nadie dice nada. Unos se cansaron de quejarse y solicitar la intervención de las autoridades que nunca hicieron nada. Otros, los más aguerridos, aún se mantienen en defensa del único bosque de encinos de Puebla, el cual –además- es considerado como el más grande en el estado y alberga especies que no existen en ninguna otra parte del mundo.

En 2008, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó permisos al empresario Jorge Bautista O’Farril y la empresa Altec, propiedad del sobrino de éste, Federico Bautista Alonso, para construir la primera etapa del fraccionamiento “Jardines de la Montaña”.

De acuerdo con información proporcionada por los ecologistas, el proyecto inicial contempló la edificación de mil 423 viviendas de régimen de propiedad y condominio, así como 10 lotes con reserva de dominio, contando con una superficie de 160 hectáreas, de las cuales 51 fueron donadas al Ayuntamiento de la ciudad de Puebla, entonces encabezado por Enrique Doger Guerrero; sólo 28 fueron declaradas como “Área Natural protegida”.

Sin embargo, para evadir pagos fiscales, deudas, liquidación de empleados y principalmente responsabilidad legal por la tala del bosque de encinos más grande de Puebla, Bautista Alonso –familiar de Martha Erika Alonso y ex enlace de Obra Pública para Antonio Gali durante los seis meses previos a rendir protesta como alcalde- declaró en quiebra a la constructora, la cual fue reemplazada bajo la razón social de Consorcio Hogar S.A. de C.V.

La investigación realizada por los vecinos refiere que la muerte de Jorge Bautista O’Farril, la propiedad forestal fue heredada a uno de sus hijos, de quien no se aporta el nombre, quien continuó la sociedad con su primo Federico Bautista, pero además incluyeron a Vicente Bortoni Packman y un empresario de apellido Carstens, con quienes decidieron continuar el proyecto.

Fue en el año 2014, a la par de la toma de protesta de Antonio Gali Fayad como presidente municipal de Puebla, que la nueva administración inició la segunda etapa del fraccionamiento, promocionándola ahora como “Bosques del Pedregal”, pero sin contar con los permisos expedidos por la federación.

En respuesta, un grupo de vecinos encabezados por Luis Gonzaga Ortiz Sandoval, delegado general en el estado de la Legión de Honor Nacional, se lanzaron en contra del ecocidio perpetrado en el bosque de La Calera, haciéndoselo saber al entonces alcalde.

Antonio Gali Fayad “tuvo conocimiento de que la inmobiliaria infractora siempre estuvo construyendo la etapa dos que consta de mil 500 viviendas, de 25 vialidades de 15 metros de ancho y 4 vialidades primarias”, pero nunca contestó ni resolvió nada.

Sobre una falla geológica

Para los vecinos de La Calera, el segundo problema de riesgo es que el desarrollo residencial que están construyendo actualmente ha invadido zonas cercanas a las fallas geológicas del Tepozúchitl, Clavijero y el contacto geológico Totimehuacán, aunque el programa urbano municipal prohíbe construir sobre o cerca de fallas o fracturas.

“Le hemos dicho a Tony Gali que el oficio de la Secretaría de Obra Pública del Ayuntamiento de 2008, exige que para la etapa dos del proyecto deben tener primero los permisos de Semarnat federal, pero la secretaría de desarrollo rural a cargo de Rodrigo Riestra Piña ha expedido permisos ilegales sin contar con los permisos de la federación”, explicaron los vecinos.

Además, entre las afectaciones destacan la desaparición de un jagüey, el cual quedó semienterrado con tepetate y escombro, tala e incendios. Así como extracción de suelo forestal en un área que pertenece al derecho de vía de la CFE por donde cruzan cables de alta tensión, mismos que atraviesan hasta la avenida Las Torres. Por este último daño, la Comisión Federal de Electricidad denunció penalmente a la inmobiliaria.

La batalla legal

A sus 89 años, Don Luis, como lo llaman los vecinos, resolvió emprender una batalla más en contra de lo que considera un retroceso para el estado. Así que inició un camino largo para dar parte a la Profepa y a la Semarnat, sobre lo que está ocurriendo en el cerro que ha defendido por años.

Los vecinos confirman que al presentar las quejas en las delegaciones estatales se toparon con que “existe una complicidad con el gobierno morenovallista y municipal de parte de la delegada de Profepa, Laura Zapata Martínez y de la delegada de Semarnat, Daniela Migoya Mastreta”.

El proceso derivó en denuncias administrativas y penales en contra de las dos delegadas y además, del subdelegado ambiental de Profepa, Efrén Sierra Peña. “Solamente así, después de dos años de tala y construcciones ilegales, fue como a finales de noviembre y diciembre del 2015 se impusieron sellos de clausura con logos de ambas dependencias federales en el predio inmobiliario”.

A pesar de la clausura ocurrida el 30 de noviembre, los trabajos de la segunda etapa del fraccionamiento continuaron avanzando, nuevamente sin la intervención del Ayuntamiento capitalino. “Desde esa fecha, nadie detiene los quebrantamientos de clausura de 7 de 12 trascabos de lunes a sábado, una veintena de camiones de volteo, pipas de agua, camiones para pavimentar y revolvedoras de cemento, además de un centenar de trabajadores y vigilantes privados… han parado un poco, por las elecciones, pero continúan las obras”.

Fue hasta el 15 abril de este año, cuando Felipe Humberto Águila Achard, director de desarrollo urbano municipal, respondió a un oficio entregado meses atrás por “Don Luis”, afirmando que “el Departamento de Inspección inició procedimiento administrativos de supervisión e inspección de obra”, los cuales hasta la fecha “se encuentran pendientes por resolver”.

Denuncian a Tony Gali

Cansados de solicitar a las autoridades municipales la suspensión de obras en el bosque de encinos y de advertir al entonces alcalde de Puebla que lo denunciarían ante instancias federales en caso de no detener el ecocidio, el 22 de mayo pasado, los vecinos de La Calera resolvieron acudir ante la PGR e iniciar una querella legal en contra de Antonio Gali Fayad, por probable encubrimiento de delitos ambientales, omisiones graves, abuso de autoridad, tráfico de influencias y lo que resulte.

“Durante los dos años que estuvo como alcalde de la ciudad de Puebla, desde el 15 de febrero del 2014 hasta que renunció para irse de candidato del PAN al gobierno del estado, en febrero de 2016, permitió un ecocidio de 3 mil 100 árboles que eran principalmente encinos endémicos que no existen en otra parte del mundo”, acusaron los ambientalistas.

Don Luis explicó además que el proyecto inmobiliario es el más ambicioso del que se tenga conocimiento en la historia de esta ciudad y además, es el más dañino al medio ambiente, sin embargo, al no haber permisos federales “queda claro que las autoridades municipales y estatales deben clausurar, sancionar y denunciar penalmente, pero con sus omisiones Tony Gali fue omiso y probable encubridor”.

Junto con el excalcalde de la ciudad de Puebla también fueron denunciados el secretario de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, Gabriel Navarro Guerrero, al igual que otros funcionarios que eran su gente de confianza.

Las leyes son para los poderosos

Entrevistado sobre el ecocidio, Luis Ortiz Sandoval lamenta la falta de respuesta de las autoridades ante un evidente conflicto de intereses. “Aquí la ley no se aplica, aquí la ley es para los poderosos o para los del dinero, pero para la gente como nosotros, que vivimos, que queremos un ambiente sano, que no queremos que acaben con nuestros bosques, no nos pelan”, señala.

Acusa además que “la complicidad inmobiliaria y ecocida de Federico Bautista Alonso y la familia de Moreno Valle se remonta desde los años 60’s cuando los abuelos se precedieron en el trono gubernamental, primero fue gobernador Gonzalo Bautista O’Farril y le siguió el General Rafael Moreno Valle. Ahora se quieren eternizar por otros años más a través de Antonio Gali Fayad. Es por eso que el contubernio es exorbitante y se continúa perpetrando en complicidad con las autoridades de los tres niveles de gobierno”.

* Con seguimiento informativo de los vecinos de La Calera

#Puebla #Bosque #LaCalera #Ecocidio

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